"La próxima semana va a haber un proyecto de estas características”, aseguró el ministro Segpres Giorgio Jackson.
El ministro Segpres Giorgio Jackson anunció el envío de un proyecto al Congreso, una reforma constitucional, con lo cual el Gobierno quiere declarar como inexpropiables los fondos ahorrados en cuentas de AFP.
“(…) Necesitan tener una garantía sobre algo que hemos dicho muchas veces, que es que los fondos que han sido ahorrados a través de la cotización individual son de propiedad íntegra de los trabajadores”, explicó.
“No deben ser expropiables, no tenemos ningún problema con hacerlo, es lo que creemos”, profundizó.
En tanto, en conversación con CNN Chile, el ministro profundizó en la propuesta, que llegaría al Congreso en los próximos días.
“Hace pocas horas me comprometí de manera explícita que el Gobierno va a ingresar un proyecto para esto mismo. Lo acabamos de comprometer, la próxima semana va a haber un proyecto de estas características”, dijo.
En medio de la discusión y tratativas por el quinto retiro, no ese del Gobierno para fines específicos, desde el Partido Republicano dijeron estar en reflexión y a la espera de una señal: que La Moneda deje en claro que los fondos son de los trabajadores.
“Hemos sido muy claros que estamos en reflexión y que necesitamos ciertas garantías, una muy específica: una reforma constitucional que garantice que no se van a expropiar nuestros fondos de pensiones”, lanzó el diputado Luis Sánchez.
El Ejecutivo ya logró detener el avance del quinto retiro y aseguró el apoyo al suyo en el Congreso, un rescate acotado desde las cuentas de capitalización.
Ayer por la tarde, once partidos de Gobierno firmaron una declaración confirmando que se cuadraban con el plan comandado por el presidente Gabriel Boric.
Este busca autorizar retiros para solucionar, según dijeron, “el escándalo de las pensiones alimenticias impagas”, “el sueño de la casa propia”, “el pago de los servicios básicos”, “el pago de deudas vigentes de salud” y “el pago de deuda financiera de créditos de consumo contraídas hasta el 31 de marzo de 2022 con instituciones financieras bancarias y no bancarias reguladas por la CMF”.
“En suma, se trata de circunscribir excepcionalmente la utilización de esta herramienta solo al pago de las deudas más apremiantes, evitando que dichos recursos generen presión inflacionaria”, concluyeron los partidos.