El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, reafirmó ayer domingo – en el balance del primer mes de Gobierno – que buscan avanzar en la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).

Esta medida fue parte de las promesas de campaña del gobierno de Gabriel Boric.

Anteriormente, Ávila declaró en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que “alivianarán la pesada mochila de los deudores educativos”.

El jefe de la cartera indicó que se tiene que conformar una mesa de trabajo que integre distintos actores involucrados para llegar a acuerdos.

Desde el Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza, senador de la Comisión de Educación, sostuvo que se debe avanzar hacía un sistema sin participación de la banca privada y que la condonación sea estudiada en cada caso.

“Creo que por un lado es necesario avanzar hacia el fin del CAE, reemplazándolo por un sistema sin participación de la banca privada y, por otro lado, avanzar hacia un mecanismo que de una solución a deudores del CAE y FSCU que no implique un perdonazo, sino que permita condonar deuda según sea cada caso”, dijo.

En Renovación Nacional (RN) José García Ruminot, senador integrante de la Comisión de Hacienda, indicó que la condonación debe aplicar solo a quienes no puedan solventar la deuda.

“¿Hay espacio para condonar parcialmente la deuda del CAE? Sí, la hay, pero tiene que hacerse focalizadamente en aquellos deudores que no están en condiciones de poder pagar. No es tan sencillo decir ‘condonamos el CAE’ si no tenemos definido cómo vamos a financiar la educación superior a futuro”, comentó.

De llevarse a cabo el denominado “perdonazo” 294.698 personas no tendrían que saldar su deuda, la que bordea los US$2.620 millones.

Según el listado de morosos publicado por el Consejo de Rectores (CRUCh), diez parlamentarios y la subsecretaria de Patrimonio, María Paulina Soto, mantienen deuda educativa.