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Por una amplía mayoría, la Cámara de Diputadas y Diputados dio el visto bueno al informe de la comisión investigador que indagó la licitación de la Corfo para la creación del ITL. Entre las conclusiones aprobadas figuran eventuales conflictos de interés y decisiones adoptadas por ministros de Estado inexpertos en la materia. Los antecedentes serán derivados a Contraloría y al Ministerio Público.
Al Ministerio Público remitirá la Cámara de Diputadas y Diputados los antecedentes recopilados por la comisión especial investigadora que indagó la cuestionada licitación de la Corfo, para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias (ITL).
Este proyecto se trata de una inversión de US$193 millones por parte del organismo estatal, siendo -hasta la fecha- la mayor inversión de investigación más desarrollo (I+D) en la historia el país.
La polémica estalló a comienzos de 2021, cuando se conoció que el concurso internacional fue adjudicado al consorcio norteamericano AUI (Associated Universities Inc). Conglomerado compuesto por nueve prestigiosas universidades estadounidenses, entre las que se encuentra la Universidad de Harvard, MIT, Columbia y Yale. Todo esto, en desmedro de casas de estudios chilenas.
Tras un largo periodo de indagatorias, las conclusiones de la comisión investigadora fueron votadas este martes en la Sala de la Cámara, siendo aprobada por 122 votos a favor, dos en contra y 21 abstenciones.
Los antecedentes
Dentro de los cuestionamientos planteados en el informe de 134 páginas, emanado desde la instancia, está precisamente la decisión de la Corfo de dar por ganador a AUI por sobre la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley, como mandataria de las entidades agrupadas en ASDIT. Es decir, las universidades chilenas.
Según se desprende del documento, la decisión se tomó a pesar de que los tres expertos internacionales que participaron del proceso aseguraran que el proyecto de la agrupación nacional era superior en todos los aspectos a los estadounidenses.
El escrito detalla que fue la comisión evaluadora integrada por ejecutivos de la Corfo, asesores del Ministerio de Economía y del Ministerio de Ciencia, todos ellos inexpertos en la materia- quienes habrían decidido prescindir de las recomendaciones de los especialistas.
La determinación de estos últimos fue derivada finalmente al Consejo de Ministros de Corfo, los que ratificaron la decisión de la comisión evaluadora, para así adjudicar el concurso al consorcio norteamericano.
¿El problema? A juicio de los diputados, dicho comité también estaba conformado por funcionarios públicos de la época ajenos a la materia.
En efecto, según consta en el acta del 4 de enero de 2021, concurrieron a la instancia que selló el destino de la licitación, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar; el ministro de Agricultura, Antonio Walker; y los subsecretarios de Hacienda, Alejandro Weber; de Turismo, José Luis Uriarte; de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia.
“Acción concertada”
De acuerdo a la nota de prensa publicada esta jornada por la Cámara de Diputadas y Diputadas, el informe califica como sumamente graves las acusaciones de intervención del ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Pablo Terrazas.
Según se detalla, el informe recordó que la propuesta ganadora (AUI) se adjudicó 143 millones de dólares, cifra exacta postulada a licitación por este consorcio de universidades extranjeras. Mientras, la del consorcio de universidades nacionales (ASDIT) fue por el total del monto a licitar (193 millones de dólares), tal como era la disponibilidad de recursos ofrecida en la convocatoria y establecido en el contrato con SQM como aporte de I+D para el ITL.
La relevancia de esta situación -añade la publicación de la Cámara- radica en que, en una reunión previa, Terrazas sugirió el cambio del monto a entregar. Así, planteó derivar 50 millones de dólares del dinero entregado por SQM a proyectos de investigación científica temprana.
Además, se destaca que ya se contaba con la evaluación (julio 2020) de los expertos internacionales y ya se había celebrado la sesión del 15 de octubre de 2020, en donde el comité evaluador nacional modificó los puntajes obtenidos, favoreciendo la opción de AUI.
La comisión así concluyó que existió una acción concertada por parte de la institucionalidad y cuestionó la participación de Terrazas. “Se han cometido, al menos, faltas al principio de probidad que rige la actuación de los actos de los organismos públicos (…). Bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que han resultado ser claves para la adjudicación del proyecto”, se señala.
Descargos de Terrazas
Las críticas emanadas desde la comisión se dan pese a lo señalado por el propio Terrazas en una de las sesiones de la instancia. Fue el 6 de septiembre pasado, cuando el ejecutivo se defendió de las acusaciones.
Dijo estar sorprendido por las denuncias, criticando que “se van instalando hechos falsos y se hacen imputaciones totalmente fuera de la realidad, Se va instalando la idea de que se hubiese hecho una licitación ilegal, fuera de base”.
“Me ha llamado profundamente la atención la forma en que se ha denostado a funcionarios de larga trayectoria de la Corfo. Incluso, se ha hablado de que la comisión evaluadora no tenía las competencias técnicas para resolver una licitación de esta envergadura. Si no la tiene la Corfo, entonces no podríamos haber hecho esta licitación, y eso aplicaría para cualquiera de las propuestas”, sostuvo.
Las recomendaciones
El informe finalmente recomienda dejar sin efecto la adjudicación y realizar un nuevo proceso licitatorio para la creación del ITL. De modo que sea realizado nuevamente, “con los estándares y bases de la licitación claros, sin modificaciones posteriores ocultas y con las debidas notificaciones a los concursantes”.
Además sugiere oficiar al Contralor General de la República, a efectos que evalúe la pertinencia de iniciar una investigación que determine responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados.
Por último se remitirá al Ministerio Público copia íntegra del informe de las conclusiones y las actas de las sesiones celebradas para que “inicie una evaluación de los hechos tendientes a determinar si existe o no la comisión de delitos relacionados al uso de información privilegiada”. Esto, “por parte de altos cargos de CORFO y funcionarios del Gobierno para favorecer al consorcio que hoy mantiene la adjudicación del centro de Investigación”.
“Manojo de intereses personales”
Consultado por el resultado de la votación, el presidente de la instancia, Tomas Hirsch, sostuvo que a través de este informe se dejó en evidencia “las irregularidades que han habido en esta licitación, que es fundamental para el desarrollo del país”.
“Es muy lamentable ver cómo una licitación que tendría que haber permitido el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación, el desarrollo, terminó convertida en un manojo de intereses personales de algunos personajes que están instalados en Corfo”, recalcó el diputado de Acción Humanista.
Finalmente Hirsch valoró “la contundencia de la votación”, pues “muestra que en chile debemos tener mucho más cuidado en cómo se desarrollan estas licitaciones para que beneficien al país y no unos pocos interesados”.
