El diputado republicano, y jefe de la bancada de dicho partido, Cristóbal Urruticoechea, envió un oficio a la ministra del Interior, Izkia Siches, para que detalle quiénes son, a su juicio, los “presos políticos mapuche”.
Todo nace por la fallida visita de Siches a la comunidad de Temucuicui en La Araucanía, luego que individuos impidieran el paso de su comitiva con disparos y la quema de un auto.
Tras lo ocurrido, en un punto de prensa, señaló que su visita a la zona sirvió para tener “información por materia de seguridad de que había alguna señales en torno a reivindicaciones de presos políticos mapuches y creo que esas son parte de conversaciones que tenemos que tener”.
Sus palabras generaron polémica y dejaron ver diferencias de pensamiento en el Gobierno. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo a T13 Radio que “las personas que están hoy condenadas por un delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial, por lo tanto, están condenadas por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos”.
Por su parte, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, dijo a Radio Agricultura que han “existido persecuciones muchas veces de prisión política”, específicamente en casos de prisión preventiva. Ejemplificó con lo ocurrido con la machi y consituyente Francisca Linconao, quien fue absuelta en la indagatoria por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Oficio
Ante ello, Urruticoechea, envió un oficio a Siches para que entregue un listado con los nombres de a quiénes denomina como “presos políticos mapuches”.
Igualmente, solicitó una copia de la denuncia que está obligada a realizar por ley tras lo ocurrido en Temucuicui. Públicamente, se conoció que la secretaria de Estado no presentó dicha acusación.
“Hemos solicitado una copia de la denuncia que la ministra debió haber realizado dentro del plazo de 24 horas de haber padecido los graves hechos en la localidad de Temucuicui (…) Está detallado en el artículo 175 del Código Procesal Penal que establece el deber legal de realizar denuncia obligatoria para todos los funcionarios públicos”, declaró en un comunicado de prensa.