El organismo fiscalizador realizó una auditoría al Programa Integral de Reparación Ocular del Hospital El Salvador y levantó una serie de observaciones al respecto. Una de ellas, por ejemplo, da cuenta de recursos excedentes por más de 140 millones respecto de los cuales “no se obtuvo información sobre su utilización”. Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, comenta que este informe refleja la “deficiencia de este programa”.

La Contraloría General de la República (CGR) formuló una serie de observaciones al interior del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), ejecutado por el Hospital del Salvador, tras concluir una auditoría al recinto asistencial ubicado en la comuna de Providencia.

El examen, que abarcó el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2021, tuvo como fin verificar si el Hospital del Salvador estableció medidas de “monitoreo” y “control” relacionadas a la ejecución de recursos asignados al PIRO, junto con verificar el cumplimiento del programa y su respectiva documentación.

En concreto, el organismo de control detectó “deficiencia en la trazabilidad de remesas y gastos” del programa. Tras revisar la documentación relativa a los ingresos, se detectó que los fondos del PIRO se encuentran destinados a “finalidades generales, como cubrir anticipos de remuneraciones, pagos a proveedores (…) pero no se distingue entre los fondos orientados a dichos objetos, aquellos cuya finalidad es el desarrollo del programa PIRO, circunstancia que impide cuantificar con exactitud las cantidades destinadas a su ejecución”.

Los dineros que ingresan al PIRO, a través del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO), provienen del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Al respecto, la Contraloría observó que para el año 2020 se asignó la suma de $718.269.000 al SSMO para que dichos recursos fueran destinados al programa. No obstante, “los gastos efectuados con cargo a dicho programa, entre los años 2019 y 2020, habrían ascendido a $576.839.768, lo que implica la existencia de un saldo de 141.429.232, al 31 de diciembre de 2020, respecto del cual no se obtuvo información sobre su utilización”.

Nacido a fines de 2019, bajo la gestión de Jaime Mañalich como ministro de Salud y Arturo Zúñiga en la subsecretaría de Redes Asistenciales, el PIRO vino a garantizar “atención médica, estética y funcional, además de apoyo psicológico, para quienes han sufrido daños en la visión como consecuencia de la violencia”, señaló en su minuto el Ministerio de Salud (Minsal). Los casos más emblemáticos: Gustavo Gatica y la hoy senadora Fabiola Campillai.

Otra de las observaciones planteadas apunta a los protocolos de ingreso al PIRO. Pese a que existe un marco, este “no exige identificar requisito para acceder”. Esto significa que “se verificó que no se encuentra previsto dejar constancia, al momento del ingreso del paciente, del hecho de ser víctima de lesiones oculares en el contexto de las manifestaciones sociales iniciadas en octubre de 2019”.

Esta “omisión”, sostiene la institución que dirige Jorge Bermúdez, impide la “posibilidad de determinar cuáles pacientes de trauma ocular que son atendidos en la respectiva unidad del Hospital del Salvador corresponden a las personas beneficiadas del PIRO”. Esto, según el informe, fue confirmado por el encargado subrogante del programa.

También se acreditó “fichas clínicas sin registro de atenciones”. De la muestra examinada por la Contraloría, 93 usuarios, en 8 casos “el historial clínico de los pacientes no contiene antecedentes que acrediten las atenciones prestadas en virtud del programa PIRO”. Bajo este escenario, el Hospital del Salvador deberá acreditar “que las atenciones prestadas en virtud del programa hayan sido debidamente registradas en las fichas médicas de los pacientes”.

Fueron dos presentaciones ante la CGR las que explican la planificación de la auditoría. Una de ellas la realizó en abril de 2021 la diputada Gael Yeomans y los diputados Gonzalo Winter, Diego Ibáñez y Gabriel Boric. Este último, hoy Presidente de la República. Todos, además, miembros de Convergencia Social (CS).

Diego Ibáñez, en conversación con La Radio, comentó que “preocupa la poca prolijidad con la que se administró y gestionó un programa de esta envergadura”. Y agregó: “Exigimos mayor transparencia, probidad, y buena gestión en estos programas implementados por el Estado (…) La rehabilitación de quienes fueron víctimas de las violaciones a los DD.HH. durante la revuelta social deben ser una prioridad”.

Desde la Coordinador de Víctimas de Trauma Ocular, Marta Valdés, vocera de la organización comenta que el resultado de la auditoría refleja muchas de las cosas que ellos han denunciado, junto con dar cuenta de las “deficiencias” y “carencias” del programa.

“Nosotros hace tiempo que veníamos denunciando esta irregularidades. Nuestras sospechas finalmente tenían asidero, efectivamente los recursos no se estaban ocupando todos en el programa. Lo que se destinaba no era todo ocupado y por eso también nuestros compañeros se veían perjudicados con el cambio de prótesis, con el tema de las atenciones, con los problemas que teníamos de infraestructura, señalética y todo eso que también muchas veces planteamos”, señala.

Contactados por La Radio, desde el SSMO señalaron que “el Hospital del Salvador se encuentra preparando su respuesta a este pre informe de la Contraloría General de la República, para lo cual cuenta con 60 días desde que este fue emitido”.

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