La declaración de incompetencia del 18 Juzgado Civil de Santiago, es lo que busca la defensa de dos generales en retiro del Ejército, quienes juntos a otros 9 exuniformados fueron demandados por el Consejo de Defensa del Estado, por la arista de civil del “Fraude de los pasajes”.

Por su parte, parlamentarios llaman a los exfuncionarios de la institución castrense a cooperar con la justicia, para así esclarecer lo antes posible la situación.

Luego que este sábado se confirmara la demanda del Consejo de Defensa del Estado contra 11 ex oficiales del Ejército por la arista civil del caso “Fraude de los pasajes”, solicitando la devolución de más de 565 millones de pesos, la defensa de los generales en retiro, John Griffiths y Guillermo Porcile, presentó una solicitud de incompetencia para que el 18 Juzgado Civil de Santiago no se pronuncie.

Lo anterior ya que, según su criterio, solamente la Corte Marcial es la que puede solicitar la restitución de los fondos, explicó Jorge Balmaceda, abogado de los dos exfuncionarios de la institución castrense.

Desde el mundo político, el senador independiente y miembro de la Comisión de Defensa, Alejandro Guillier, sostuvo que efectivamente la solicitud está respaldada por la ley, sin embargo, agregó que es el momento de replantearse la justicia militar, ya que en casos como estos sí tendría que intervenir la justicia civil, debido a que fueron recursos públicos los que se utilizaron de mala manera.

Por su parte, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Álvaro Carter, hizo un llamado a los involucrados a cooperar con la justicia, ya que si un organismo como el Consejo de Defensa hace una acusación como esta, es porque -a su parecer- tiene pruebas contundentes.

En tanto, el diputado del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, apuntó contra la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, señalando que ha dilatado mucho la investigación, dando espacio para que surjan especulaciones que terminan por dañar la imagen del Ejército.

Según las cifras del Consejo de Defensa, entre los exgenerales Griffiths y Porcile, serían casi 100 millones de pesos los que deberían ser devueltos.