Una eventual acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, es lo que están evaluando hace días, miembros y parlamentarios electos del Partido Republicano.
Se trata de una de las primeras decisiones del conglomerado al inicio del nuevo periodo legislativo.
Según miembros de la bancada, la razón sería principalmente porque el Gobierno actual no ha combatido la inmigración ilegal.
Por otro lado tampoco ha dado una solución a la crisis en la Macrozona Sur, a lo que se suma la falta de seguridad pública.
Así lo aseguró el diputado electo de la colectividad, Luis Fernando Sánchez.
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Chile Vamos acusó “fuegos artificiales”
El jefe de bancada de los Republicanos, Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que durante el Gobierno actual los derechos de la ciudadanía han sido vulnerados.
“Cada quien escoge a su compañero de ruta y nosotros elegimos a los chilenos, a los que se les han pisoteado sus derechos civiles y sus derechos políticos; en el sur, con el terrorismo, y en el norte con los temas migratorios”, dijo.
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Al respecto, en Chile Vamos el diputado de RN, Miguel Mellado, dijo que son sólo “fuegos artificiales” tomando en cuenta que el actual mandatario no volverá al mundo político.
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Gobierno pide no usar AC para “fines políticos”
En La Moneda, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, hizo un llamado a no utilizar la institucionalidad para fines políticos, como ha sucedido durante la administración del presidente Piñera.
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Desde la bancada republicana advirtieron además que usarán todas las herramientas y atribuciones que les otorgará el Congreso Nacional, para fortalecer de manera consistente a las instituciones y que las leyes sean cumplidas de manera efectiva.
Recordemos que si una acción como ésta, se llegase a aprobar en el Senado, la sanción es la inhabilitación por 5 años de la función pública, algo que no se podría llevar a cabo- aseguran en Chile Vamos- ya que no existirán los votos necesarios en la Cámara Alta.
Destacar además que una acusación podría ser interpuesta mientras el jefe de Estado esté en funciones y hasta seis meses del término de su cargo.