La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, sometió a proceso al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar en el denominado Milicogate.
La magistrada responsabilizó al general (r) por el mal uso de fondos asignados a la institución por un monto de $6.374.996.162, entre los años 2006 y 2010.
En ese sentido, Rutherford ordenó el embargo de bienes por un monto total de $6.500.000.000 y dispuso su ingreso a prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén del procesado.
El extimonel del Ejército fue citado a declarar el pasado jueves por la ministra en visita. Hasta ahora, era el último de los comandantes en jefe del Ejército que no había sido requerido por Rutherford.
El Milicogate
Este caso de Fraude en el Ejército, también conocido como Milicogate, tiene más de 30 aristas que están siendo indagadas por la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Entre los delitos que se investigan están malversación de caudales públicos, viajes irregulares y servicios inexistentes, entre otros.
Todos ilícitos que tendrían su origen en el desvío de dineros desde la Ley Reservada del Cobre, entre 2010 y 2014.
Según reveló Radio Bío Bío en diciembre pasado, la causa cuenta con 278 tomos en tramitación y 873 archivadores con información proporcionada por distintos organismos.
Actualmente son 54 los procesados, entre los que se cuentan los generales (r) Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.
Reacciones por caso de general (r) Izurieta
En conversación con Radio Bío Bío, el capitán (r) de la institución castrense, Rafael Harvey, quien fue uno de los denunciantes de corrupción al interior del Ejército, insistió en que se debiese aprobar el proyecto de ley que busca proteger a quienes acusen estos delitos.
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El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, quien es expresidente de la comisión investigadora del llamado Fraude en el Ejército, valoró la indagación de la magistrada y tildó el actuar de Izurieta y sus sucesores como “una máquina jerárquica de defraudar al Fisco”.
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Cabe recordar que la Corte Suprema extendió hasta el 1 de marzo de 2023 la exclusividad de la jueza Rutherford en la indagación.