La Corte Suprema aprobó un auto acordado que fija los compromisos del Poder Judicial con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025.
De esta forma, accedió a una invitación realizada por el Ministerio de Justicia para participar de esta iniciativa.
En concreto, la decisión del máximo tribunal se adoptó al considerar que “el compromiso claro del Poder Judicial con los Derechos Humanos hace de esta invitación una valiosa oportunidad para asumir la ejecución de acciones que pongan en evidencia este propósito”.
Lo anterior, se realizará “respetando la autonomía constitucional que tiene este poder del Estado en la emisión de estos deberes y su respectivo seguimiento”.
Los compromisos del Poder Judicial
En primer lugar, el Poder Judicial se compromete a fortalecer el acceso a la justicia de personas mayores, cuyo plazo estimando de ejecución es a 2023.
Luego, buscará mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el Poder Judicial, asegurando una investigación y posible sanción en caso de presentarse alguna vulneración de derechos. Esta meta se podría poner en marcha de aquí al 2025.
En tercer término, está reactivar el funcionamiento de la Mesa Interinstitucional para Auxiliar a la Justicia en casos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en el período 1973-1990.
“Asegurar el acceso a la verdad, a la investigación y sanción de todos los casos de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos cometidos en dictadura, la reparación de las víctimas de estos crímenes y la preservación de la memoria histórica”, señala esta iniciativa, cuyo plazo también se estableció al 2025.
Las metas restantes son el fortalecimiento de la implementación de recomendaciones realizadas al Poder Judicial por parte de los órganos de tratados de derechos humanos y la recopilación de sentencias destacadas dictadas por la Corte Suprema en materia de DDHH.