Por eventuales irregularidades en el desempeño de sus funciones como liquidador de la quiebra de la Universidad del Pacífico, fue removido de su cargo el abogado Carlos Parada Abate.
En su reemplazo, el 25 Juzgado Civil de Santiago designó a Cristián Herrera Rahilly como nuevo liquidador titular definitivo del proceso que vive el extinguido plantel universitario.
Las razones que fundaron la resolución del tribunal, promovida por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), se deben a las irregularidades que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra de Parada Abate.
En concreto, el exliquidador de la casa de estudios fue formalizado en noviembre de 2021 ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de negociación incompatible y proporcionar ventajas indebidas a acreedores.
La solicitud de la Superir se basó en cuatro infracciones que habría cometido Parada Abate. Estas son: incumplir el deber de examinar e investigar y, de objetar los créditos verificados en el proceso; incumplimientos relativos a la recuperación y realización de bienes de la empresa deudora; administración negligente de los fondos del concurso; e incumplimientos relacionados con formalidades del procedimiento concursal y publicidad de las actuaciones del liquidador.
“Al ponderar los hechos que han servido de base a la solicitud planteada por la Superintendencia del ramo (…) esta Jueza concluye que aquellos constituyeron hechos graves y reiterados, que importaron un abierto incumplimiento a los deberes impuestos al señor Liquidador Concursal”, señala el fallo de la jueza Susana Rodríguez Muñoz del 25 Juzgado Civil de Santiago.
Por su parte, Samuel Donoso, abogado querellante en la causa penal y civil por Inmobiliaria Standard, uno de los acreedores de la extinguida Universidad del Pacífico, comentó a La Radio que esta resolución “es muy buena”.
El fallo “acoge la incidencia formulada por el ente ente regulador en materia de liquidaciones que es la Superintendencia, y en ese sentido creo que esto va a permitir darle tanto a los acreedores como al propio deudor una mayot tranquilidad en términos de quién lleve adelante en lo sucesivo este procedimiento en calidad de liquidador”, señaló el penalista.