Tras el anuncio de Irina Karamanos -sobre que asumirá el rol de primera de dama- con “el compromiso de reformularlo, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, indicó que “se puede actuar proactivamente y disponibilizar más información”.
Acciones que permitan avanzar en materia de transparencia, acceso a la información pública e integridad en el caso de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, y eventualmente en las fundaciones que dependen de dicha instancia en la actualidad, fueron algunos de los puntos que planteó de la Fuente.
Frente a esto, la máxima representante del CPLT, detalló que la Dirección Sociocultural tiene obligaciones en transparencia acorde a la ley vigente, pero que se podría continuar avanzando más allá de la normativa.
A esto agregó que hay un grupo de fundaciones que dependen de dicha instancia que están cumpliendo con obligaciones en este ámbito, pero a partir de la jurisprudencia del CPLT que ha sido ratificada por las Cortes.
Fundaciones dependientes de la Dirección Sociocultural
“Creemos que es totalmente posible avanzar en cambios tanto en materias de transparencia como de integridad en las siete fundaciones dependientes de la Dirección Sociocultural”, sostuvo la presidenta del CPLT.
Uno de los puntos centrales para la titular de Transparencia es que “se puede actuar proactivamente y disponibilizar más información, puesto que consideramos debe haber estándares claros y más altos en transparencia acorde a los nuevos tiempos, tanto en la Dirección Sociocultural -sujeto obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública– como en particular en las fundaciones, en las que hemos ido haciendo camino a partir de decisiones del Consejo”.
“En la lógica de la recuperación de la confianza ciudadana y de acciones claras, ponemos a disposición las capacidades del Consejo para la Transparencia y la colaboración necesaria para generar mejores mecanismos de transparencia e integridad en lo público, de manera tal de abrir puertas”, precisó de la Fuente.
“Ser proactivos”
De la Fuente también señaló que “liderar una dirección implica también definir nuevas formas de rendir cuentas y de transparentar lo que hacen las fundaciones dependientes”, que reciben recursos del Estado, y que no están reguladas de forma explícita por la normativa de Transparencia, sino que responden como sujetos obligados a partir del desarrollo de jurisprudencia ratificada por las Cortes.
En esta línea se refirió a iniciativas que permitan avances en la práctica en el ámbito de la probidad, dado que en ciertas materias no hay normas expresas aplicables a los directorios de las fundaciones dependientes de la Dirección Sociocultural, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden en materia de registro de lobby y de la norma que exige la realización de declaraciones de intereses y patrimonio a quienes corresponda.
En cuanto a la transparencia en entidades de derecho privado que administran recursos públicos “se ha conseguido ir avanzando, pero no hay un piso mínimo garantizado, y por eso nuestro llamado permanente a las autoridades y organismos públicos es a ser proactivos y no sólo cumplir con lo que establece la regulación, que urge modernizar para elevar estándares y para hacerse cargo de vacíos normativos como en el caso de estas fundaciones o de las corporaciones municipales. Necesitamos tener estándares internacionales y acordes a la demanda de la ciudadanía para un adecuado control social”, afirmó la presidenta del CPLT.
Las siete fundaciones
De la Fuente especificó que de la Dirección Sociocultural dependen las fundaciones Integra, Prodemu, Artesanías de Chile, Chilenter, Museo Interactivo Mirador, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles y Fundación de las Familias, todas de derecho privado.
En relación a este tipo de organismos, la presidenta del CPLT subrayó que “estas no quedaron expresamente incluidas en el listado de organismos con obligaciones en la actual Ley de Acceso a la Información Pública”.
Sin perjuicio de ello, según Gloria de la Fuente las siete fundaciones les debieran ser aplicables las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia, por ejemplo en Transparencia Activa, es decir, publicar información administrativa y presupuestaria en plataformas web.