A un poco más de seis meses desde que inició la toma del INDH se presentó un nuevo requerimiento que exige a Contraloría fiscalizar lo que está ocurriendo las dependencias de la institución.
El primero fue presentado a finales de diciembre por diputados de la UDI y el segundo por el diputado Sebastián Torrealba, que pide que se inicie una investigación que determine la legitimidad de la toma.
La vocera de la ACES, Antonia Rolland, manifestó que la solicitud al organismo demuestra un desinterés de parte de la derecha por esclarecer los conflictos de Derechos Humanos a raíz del estallido social.
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Dentro del documento dirigido a Jorge Bermúdez se denunció que hay un incumplimiento de la ley de presupuestos y que la ocupación no permite que los funcionarios trabajen con normalidad.
El diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, agregó que esta petición tiene como finalidad que se dictamine el desalojo del edificio ubicado en Eliodoro Yáñez.
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Por su parte, la Presidenta de la Asociación de Funcionarios, Soledad Molinet, indicó que no han dejado de trabajar y que desalojar el establecimiento no es una buena salida al conflicto.
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El requerimiento no sólo incorpora denuncias sobre los problemas de administración, también establece que la ocupación ilegal afecta a los vecinos por la suciedad y ruidos molestos.