Por 129 votos a favor, dos abstenciones y dos rechazos, la Cámara respaldó el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado por la reforma al Código de Aguas.

De esta manera -y tras casi once años de tramitación- la normativa está a punto de ser ley.

Entre las principales incorporaciones se encuentra la declaración de las aguas, en cualquiera de sus estados, como “bienes nacionales de uso público”.

Así también, explicita que “el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado”.

Las nuevas concesiones para el aprovechamiento de este recurso tendrán como límite los 30 años, no prorrogable, y se extinguirán, total o parcialmente, si el titular no hace uso efectivo, previa constatación de la Dirección General de Aguas.

Oposición apuntó a la Convención Constitucional

Al respecto, la diputada Cristina Girardi cuestionó que la medida no involucre a las concesiones ya otorgadas.

Mientras, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, celebró el avance del nuevo reglamento, apuntando a los efectos del cambio climático.

Por otro lado, el parlamentario de la Democracia Cristiana, Iván Flores, manifestó esperar la Convención Constitucional profundice los cambios realizados sobre la iniciativa.

La reforma establece, también, que las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y explotación podrán ser utilizadas “en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación”.

No obstante, deben ser registradas -en un plazo de 90 días corridos- en la Dirección General de Aguas.