Ante la acusación del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, sobre que el Gobierno de Sebastián Piñera le pidió a los gremios paralizar en 2020 para aprobar la Ley Juan Barrios, el diputado Leonardo Soto (PS) dijo que “esta es una asociación ilícita entre el Gobierno y grupos violentos”.
“En el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos (…) ese paro, por palabras del presidente de ellos (Sergio Pérez líder de CNTC), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen. Y al final, (en) ese paro el control lo tomaron los choferes. Pero eso es parte de la historia”, indicó Araya en conversación con La Radio.
Frente a esto, el diputado PPD, Ricardo Celis, indicó que “siempre tuvimos la sospecha de que los paros de los camioneros estaban digitados desde el Ejecutivo, desde el Gobierno. No solo para aprobar la Ley Juan Barrios, sino también con los Estados de Excepción Constitucional”.
“Parece tan coherente lo que nos señala el dirigente Araya de camioneros de Chile, en el sentido de que esto fue digitado por el Ejecutivo y administrado por el Ejecutivo, todo el proceso, no solo la incitación al paro, sino que la administración del paro que como todos sabemos fue claramente con guante blanco, sin ninguna represión, sin ningún elemento que hiciera suponer que el Gobierno tenía intención de terminar genuinamente con el paro”, indicó Celis.
En esta misma línea, la diputada y par de bancada, Andrea Parra, fue crítica al señalar que “si esta información se llega a comprobar, es de la máxima gravedad y significaría que estamos frente a un Gobierno terrorista, que intentó infundir miedo en la población para aprobar su agenda legislativa. Por suerte nada de esto le resultó”.
“Asociación ilícita”
“Esta información nos parece horrorosa, porque deja en evidencia de que el Gobierno de Sebastián Piñera hizo una alianza con grupos de interés violentos (…) ahora nos enteramos que todas esas actividades que rompían el orden establecido y alteraban la estabilidad social, habían sido digitadas o planificadas por el propio Gobierno de Sebastián Piñera. Esta es una asociación ilícita entre el Gobierno y grupos violentos”, precisó el diputado Leonardo Soto (PS).
Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, dijo que le “parecen bastante imprudentes las palabras del señor Araya, que por oídas, porque dijo que Pérez le había dicho que el Gobierno quería esa paralización para poder aprobar la Ley Juan Barrios y la ley de armas (…) espero que Sergio Pérez salga a aclarar estos dichos de Araya (…) espero que no haya intencionalidad política del señor Araya, militante socialista”.