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La comisión de Constitución del Senado votará el proyecto de indulto a los presos del denominado estallido social, con miras a un acuerdo político que le permita tener posibilidades de ser aprobado en Sala. De ser rechazado en esta última instancia, la iniciativa será archivada y su idea matriz no podrá volver a ser presentada hasta dentro de un año.
El próximo lunes comienza la votación del proyecto que indulta a los denominados “presos políticos del estallido social”, en la comisión de Constitución del Senado.
Lo hará con el debate abierto sobre el catastro real de personas que podrían ser beneficiadas; la tensión entre el próximo Ejecutivo y el Senado por los plazos de tramitación; y el difícil quórum que tendrá que sortear cuando llegue a Sala.
Ingresado hace 13 meses, el proyecto que concede un indulto a las personas detenidas, bajo medidas cautelares o derechamente condenadas, enfrenta este lunes la votación en particular en la mesa de Constitución, aún en su primer trámite.
Lo hace con muchas de las mismas dudas que existían en diciembre del 2020. Actualmente, hay al menos tres catastros distintos sobre aquellas personas que podrían recibir el indulto, o la amnistía, como se ha insistido en nombrarle técnicamente en el Senado.
Las familias de los detenidos hablan de más de 800 personas que han sido procesadas, enjuiciadas, pasado por alguna cautelar o con alguna condena durante el denominado “estallido social”. Gendarmería precisa que son 144 quienes están en prisión preventiva y, si se considera la información disponible del Ministerio Público, esa cifra vuelve a cambiar.
Desde el mes de octubre, el equipo jurídico de la presidenta del Senado, Ximena Rincón, hizo suya la misión de llegar a la cifra exacta. El día 9 de diciembre ofició al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y también hubo envíos a Gendarmería y al propio Sebastián Piñera.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, valoró la acción de la senadora del Maule y dijo que es el primer paso para esclarecer las causas, y terminar con la prisión preventiva como una forma de condena penal.
Al senador Pedro Araya (IND-comité PPD) le toca nuevamente el rol de llegar a una solución. Al igual que en la tramitación del cuarto retiro, mucho se ha especulado respecto a por qué la comisión de Constitución detuvo por buena parte de la segunda mitad del 2020 el proyecto.
Araya se defiende, planteando que para algunas indicaciones, que involucran redefinir criterios en estos casos del sistema de justicia, se necesita un quórum con votos de derecha y que no tiene sentido despachar sin darle “viabilidad” al proyecto.
Prueba de esto es la postura inamovible de la senadora UDI, Luz Ebensperger. No sólo ha planteado desde el principio que es un mal proyecto desde lo técnico, sino que asegura que las verdaderas víctimas son los dueños de pymes que fueron víctimas de robos y vandalización.
Ebensperger entró al debate sobre las declaraciones de Gabriel Boric y dijo que, mientras sea un proyecto, la facultad de tramitarlo reside en el presidente del comité. Por ello, llamó al futuro Mandatario a usar el indulto presidencial para dar salida al conflicto.
Como una verdadera representante de las familias aparece la senadora independiente por la región Metropolitana, Fabiola Campillai. De visita en el Congreso para reunirse con la bancada de Apruebo Dignidad -a la que pasará a unirse administrativamente-, pidió al Senado ponerse de acuerdo y aprobar el indulto.
Campillai habló del trauma de las familias y de los detenidos. En ese sentido, aseguró que algunos de ellos han sido torturados en las cárceles del país.
El Gobierno señaló que no se va a involucrar en el trabajo que realiza Gabriel Boric como Presidente Electo, justo el día en que el todavía diputado de Magallanes se reunió con familiares de víctima de violencia.
Sin embargo, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respaldó la posición de la Corte Suprema, al señalar que este proyecte amenaza la independencia de los poderes del Estado.
Esta semana se cumple el plazo final para el ingreso de indicaciones y la comisión espera poder comenzar la votación teniendo el último catastro disponible del Ministerio público que debiese entregarse al comité por estos días.
La aprobación no está en cuestionamiento, ya que se espera que Francisco Huenchumilla, Alfonso de Urresti y Pedro Araya le den su respaldo. El problema de fondo es la búsqueda de un acuerdo político que destrabe el trámite y tenga posibilidades de ser aprobado en Sala.
De lo contrario, el proyecto del indulto corre el riesgo de ser archivado como causa, sin posibilidad de renovar la idea matriz de la iniciativa por al menos un año.
