A las 11:30 de este martes llegaron a las afueras del Ministerio de Justicia, ubicado en calle Morandé, representantes del machi Celestino Córdova, quien desde el 2013 enfrenta a la justicia por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Sus cercanos aseguran que tras nueve años de encarcelamiento, el Gobierno ha tenido un incumplimiento parcial de lo que se ha conversado y acordado.

Con esto se refieren al acuerdo de salida de la huelga de hambre de Córdova, en el cual se pidió, entre otras cosas, que el machi pudiese cumplir condena en su comunidad.

La vocera de Córdova, Cristina Romo, aseguró que “la administración de Sebastián Piñera ha tenido un actuar negligente y no se ha cumplido con los compromisos”.

Con esto se refirió a la modificación del reglamento penitenciario.

Según dijeron, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se comprometió a reformarlo según el convenio 169 de la OIT a fines de 2020 y eso no pasó.

Junto a esto, el grupo de apoyo de Córdova también se refirió al proceso de sumario a Jessica Rivas, alcaide del CET de Vilcun, por supuestos actos de tortura y apremios ilegítimos hacia el machi.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que “nosotros hemos ido avanzando de acuerdo a lo que se conversó en su minuto, incluso con un grupo que le reconocimos la calidad de observadores de los acuerdos que se llegaron, entre los que está la ACNUR de Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico “.

Así también señaló que están “muy tranquilos de haber incorporado una noción de pertinencia cultural en las actuaciones que hace el sistema penitenciario, respecto a las personas privadas de libertad que provienen de los pueblos originarios”.