La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos insistió en la libertad de los presos políticos del estallido social, asegurando que esto constituye una urgencia política y ética de primer orden.

También afirmaron que el presidente electo, Gabriel Boric, ya puede optar por medidas para que el proyecto sobre el Indulto General avance en su tramitación legislativa.

Dentro de las demandas que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos precisaron para el mandato de Gabriel Boric están: el fin de la militarización del Wallmapu y la creación de una nueva institucionalidad que permita proteger a los ciudadanos frente a abusos por parte del Estado.

Sin embargo, exigen principalmente la libertad de los presos políticos de la revuelta que comenzó el 18 de octubre de 2019.

Proyecto de indulto

Asimismo, pidieron retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado y una declaración instando al Ministerio Público y al Poder Judicial, a modificar la medida cautelar de prisión preventiva que hasta hoy mantiene a alrededor de 70 jóvenes manifestantes privados de libertad.

Ante ello, la integrante del grupo iniciativa para la libertad de los presos políticos de la revuelta, Raquel Torres, afirmó que el proyecto de indulto se encuentra en la Comisión de Constitución y exigió al presidente de la instancia, al senador Pedro Araya, que establezcan prontamente una fecha para discutir las indicaciones y votar.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, se refirió a la postura que tendrán para que se cumplan sus requisitos, afirmando que tendrán actitud vigilante, actuarán bajo el diálogo y serán críticos con la omisión que constaten en el gobierno de Gabriel Boric.

La agrupación aseguró que estas peticiones las apoyan diferentes organizaciones de Derechos humanos como: la Comisión Ética Contra la Tortura y la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular.