Un grupo de jueces jubilados y jubiladas demandó a la Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados de Chile, por una discriminación ilegal por edad.
Específicamente se trata de un recurso de protección interpuesto en favor de cinco exjueces, María Luisa Díaz Castillo, Luis Rolando Del Río Moncada, María Eugenia Muñoz Canales, Berta Pool Burgos y Ema Margarita Tapia Torres.
Esta demanda busca adecuar los estatutos que discriminan por edad de manera ilegal y sin lógica o razonabilidad a sus socios.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANMM) reúne a casi el 70% de juezas y jueces del Poder Judicial chileno, organización privada con más de mil asociados que son servidores públicos.
Según el recurso, esta asociación estaría discriminando de manera ilegal y arbitraria a sus miembros a través del artículo 5 de sus estatutos, que hace distinción entre socios activos y pasivos, siendo estos últimos incapaces de votar y ejercer cargos al cumplir 75 años cuando jubilan, pese a que continúen estando activos profesionalmente.
Discriminación por edad
Ante esta situación, el abogado Remberto Valdés, quien representa a estos jueces jubilados, interpuso un recurso de protección donde se solicita que la Ilustrísima Corte de Apelaciones declare ilegal y arbitraria esta discriminación y que se adecuen los estatutos de la asociación a la legislación chilena, lo cual se podría realizar sin necesidad de reformarlos.
Esta discriminación afectaría a un centenar de socios que pierden sus facultades de voto y de ejercicio de cargos al jubilar a los 75 años, cuya ilegalidad atenta contra los principios de igualdad contemplados en la Constitución Art 19. número 2.
“Tenemos el honor de representar a juezas y jueces que jubilaron por edad y que sirvieron a su país durante décadas, para que se respete su derecho humano básico a poder ser elegidos y poder elegir”, indicó el abogado.
Según el documento, este atentado a la garantía fundamental de igualdad ante la ley, también contraviene los artículos 5° y 8° de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores y el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Sentimos que todavía podemos colaborar”
María Luisa Díaz Castillo, exjueza del Juzgado de Letras de Ancud, manifestó sentirse discriminada al haberle quitado su derecho a voto cuando jubiló.
“Esto me afecta en lo personal, afectivamente, porque después de 40 años de vida laboral con una amplia trayectoria en lo gremial, como tantos otros jubilados, sentimos que todavía podemos colaborar y lograr los objetivos de la Asociación”, enfatizó Díaz.
Así también recalcó que “no es posible que como jubilados puedan elegir cargos públicos de elección popular y a la vez no puedan elegir a sus pares de la ANMM”.
Además, señaló que la decisión de ir a tribunales radica en el deber moral y ético de defender el derecho de voto de los magistrados jubilados al haber cumplido los 75 años de edad.
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Según explicó el ex magistrado de Coyhaique, Rolando del Río, lo que se pide a la Corte de Apelaciones es declarar ilegal y arbitraria la parte del estatuto del gremio que quitó el voto a los jueces que ya no ejercen la labor jurisdiccional, y para ello se invocan tratados internacionales.
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Finalmente, la Asociación Nacional de Magistrados prefirió mantener silencio pese a que se les consultó sobre el fondo del conflicto y no el recurso de protección, señalando que no se referiría a una acción legal sobre la que el gremio no ha sido notificado.