Aunque el Gobierno le bajó la urgencia legislativa al proyecto, aún está lejos de aminorar los cuestionamientos que han generado varios puntos del proyecto, que más que fortalecer el proceso de instalación de la nueva educación pública, la debilita en lo más esencial, al permitir que municipios se eximan de cumplir con la ley.

Cristián Bellei, miembro del consejo asesor que evaluó la implementación de la norma y académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile, sostuvo que hace mucho tiempo que el gobierno cuenta con la información que identifica los problemas, pero ha tenido un lento actuar.

Si bien comparte la idea de ampliar los plazos de implementación, fue enfático en asegurar que la municipalización fracasó y que la ventana que abre el Gobierno a que los municipios no traspasen sus colegios, es una falta de convicción del ejecutivo que afecta al proceso de transición que vive la educación pública.

Fernando Peña, académico de la Universidad San Sebastián, miembro del consejo asesor y exseremi de Educación de la región del Bío Bío del gobierno, sostuvo que la desmunicipalización es una reforma grande y necesaria, que no se puede interrumpir.

Otro de los puntos cuestionados del proyecto, es la obligación que tendrán los municipios de ajustar la dotación docente previo a traspaso de los colegios, lo que significará el despido de cientos profesores, los que se sumaría, a las desvinculaciones masivas de trabajadores de los departamentos de educación de los municipios, como señaló el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz.

El investigador Cristián Bellei, señaló también que el país ya dio la discusión sobre la desmunicipalización y ya no hay dudas que la educación administrada por los municipios se acabó.