Quedan cerca de seis semanas de trabajo legislativo en el actual Congreso, y el Gobierno ingresaría –en estos días- los proyectos para establecer una Pensión Garantizada Universal (PGU) y su financiamiento.
La eliminación de exenciones tributarias sería la fórmula para costear la mitad de la reforma, tal como se propuso en la fallida Ley Corta que pretendía fortalecer el Pilar Solidario.
En esa iniciativa se planteaba agregar impuestos a las ganancias de capital, limitar los beneficios en la adquisición de viviendas DFL2 y eliminar el crédito especial IVA a la construcción, entre otras medidas.
Al respecto, el economista Luis Eduardo Escobar, que integró la comisión asesora en materia de exenciones, cree que, si bien hay mucho más espacio de recaudación, estos puntos son los que reúnen más consenso político.
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En la oposición no ven con malos ojos esta propuesta, pese a acusar un interés electoral detrás del anuncio.
Por lo mismo, en la comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado socialista, Manuel Monsalve, dijo que buscarán presentar indicaciones para consagrar algunos criterios centrales.
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En el oficialismo, en tanto, piden no obstruir el avance de esta reforma, y el diputado RN Leopoldo Pérez, respaldó el criterio de la Ley Corta.
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De acuerdo al Ministerio de Hacienda, la PGU tendría un costo anual cercano a 1 punto del PIB, equivalente a US$3 mil 200 millones.