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La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en la Haya desestimó iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social. Desde organizaciones de DDHH lamentaron la decisión, mientras que el Gobierno descartó impunidad.
La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional notificó a Chile su decisión de no iniciar un examen preliminar de la denuncia en contra del presidente Sebastián Piñera, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el estallido social, desde octubre de 2019.
Según los datos recabados en exclusiva por Radio Bío Bío, durante esta semana dicha Fiscalía envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras en paralelo se les está notificando a todas las organizaciones que presentaron denuncias ante la Corte.
De acuerdo a lo informado desde La Haya, se descartó que existieran antecedentes que se podrían considerar delitos donde la Corte pueda tener jurisdicción legal.
En abril pasado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y otras organizaciones internacionales, como la Fundación Internacional Baltasar Garzón, presentaron la denuncia a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
Las debilidades de la denuncia ante la CPI
El libelo apuntaba al presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el estallido social a la fecha, puesto que consideraban que el Estado chileno no ha dado respuesta a las violaciones de Derechos Humanos (DDHH) denunciadas desde el 18 de octubre de 2019.
Asimismo, responsabilizaban a los tribunales de justicia de crear un ambiente de impunidad, abusando de la prisión preventiva contra manifestantes.
Sin embargo, según fuentes de BioBioChile, la denuncia no tenía mucha viabilidad desde el punto de vista técnico, no del fondo, porque se considera que hubo una política sistemática dada la gran cantidad de personas con lesiones oculares producto de la acción de Carabineros.
Pero para recurrir a un organismo como la CPI, se debe probar que no existe independencia en el Poder Judicial o un Ministerio Público que no esté dispuesto a investigar, con indagaciones abiertamente sesgadas.
A esto se suma que, tomando en cuenta los tiempos que maneja el organismo internacional, dos años es poco tiempo, especialmente si la justicia de nuestro país aún tiene abiertas las investigaciones, más allá de que las indagatorias avanzan a paso cansino.
La luz de esperanza
De todas maneras, esta decisión no significa que las puertas queden definitivamente cerradas. Si el día de mañana el panorama cambia, con un Gobierno que derechamente obstruya las investigaciones o intervenga los tribunales para detener eventuales juicios, es posible que la CPI pueda iniciar una investigación.
Sobre todo si los fiscales comienza a cerrar las causas sin un juicio, con una decisión de no perseverar.
Recordemos además que Sebastián Piñera enfrenta una querella por crímenes de lesa humanidad, que sustancia la fiscal regional de Valparaíso.
Pero también, según explica la abogada de Derechos Humanos, Karinna Fernández, la decisión de la Fiscalía puede ser reconsiderada con nueva información a partir de las diversas querellas que se han presentado, como por ejemplo las “querellas poderosas”.
Estas últimas son las presentadas contra el Alto Mando de Carabineros que se tramitan en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
“La importancia de las querellas contra el Alto Mando de Carabineros busca justamente establecer cuál fue la responsabilidad del mando. Las querellas surgen desde patrones que permiten probar la sistematicidad”, indica la jurista.
“Las querellas van a permitir establecer el mando, quiénes fueron los que diseñaron y permitieron el desarrollo de esos patrones criminales, y en tercer lugar, acreditar la existencia de una política”, destaca Fernández.
Organizaciones de Derechos Humanos lamentaron la decisión
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Trauma Ocular, lamentó la decisión de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Por su parte, Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, sostuvo que la resolución de la Corte Penal Internacional es una mala señal para la justicia internacional.
La abogada Karinna Fernández también se unió a las críticas contra el Gobierno, cuestionando que se pronuncien en este caso y no en otras condenas contra el Estado, como en el caso donde la Corte Interamericana de DDHH falló contra Chile por Martina, una niña a la que su isapre negó el servicio.
Recordemos que el candidato presidencial Gabriel Boric había apuntado a que esta era una de las vías internacionales para acusar al Gobierno de Chile y al presidente Sebastián Piñera.
Gobierno descarta impunidad
Tras confirmarse la información, desde Cancillería emitieron un comunicado de prensa valorando la decisión de la CPI.
“Con esta decisión la Oficina del Fiscal, después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”, resaltó.
En ese sentido, agregan que “sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la Oficina del Fiscal y la Corte Penal Internacional, y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido”.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, enfatizó que en Chile existe un Estado de Derecho y que las instituciones funcionan, descartando que haya impunidad.
“Es todo lo contrario, lo que da cuenta la comunicación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que en Chile no ocurrieron delitos, no había una política de Estado dedicada a cometer delitos en contra de la ciudadanía, ni por parte de las instituciones policiales ni por parte del Estado de Chile”, sostuvo.
A su juicio, Galli indicó que la decisión “confirma que las instituciones en nuestro país funcionan, los tribunales de justicia están funcionando y por eso mismo, como Gobierno y el Estado de Chile va a seguir llevando adelante las investigaciones que correspondan para denuncias en nuestro país y serán los tribunales de justicia los que tengan que resolver la responsabilidad por esos hechos”.
Por su parte el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, apuntó a que “más que ser una buena noticia, nos deja con la tranquilidad que es algo que nosotros dijimos siempre”.
“Con esto queda descartada esa tesis de la izquierda radical que quería decir que aquí había violaciones sistemáticas; no, no la hay”, concluyó.
La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, por su parte, defendió la labor del Poder Judicial.
“Si están deducidas las querellas, no puede haber impunidad. Se está investigando”, cerró Chevesich.
