Refundar las Fuerzas Armadas y de Orden, crear un nuevo ministerio y replicar el modelo de la DEA en Chile son algunas de las propuestas de los candidatos presidenciales en materia de seguridad.
Los principales focos de combate en sus programas son el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en los barrios. Además, algunos mencionan el conflicto en La Araucanía y plantean establecer un renovado Estado de Emergencia para controlar delitos en zonas de conflicto.
Gabriel Boric
El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, propone cuatro ejes en su agenda de seguridad ciudadana: nueva institucionalidad, refundación de las policías, crimen organizado y política de drogas.
A través del primero, se transferirán atribuciones en materia de orden público al gobernador regional, ya que hoy sólo recaen en la figura del delegado presidencial. Además, se ampliarán las facultades de las alcaldías para gestionar medidas de seguridad.
El segundo ítem plantea un escalafón único de las policías, donde el crecimiento de la carrera varíe en función del mérito funcionario. Asimismo, los procesos de formación para todas las instituciones “dependerán del Gobierno Central y estarán diferenciadas según sus funciones”.
Luego, el programa de Boric establece la actualización del sistema de inteligencia del Estado y el mejoramiento de las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero, entre otras acciones, para frenar el avance del crimen organizado.
Finalmente, se desea avanzar en una Ley de Drogas que no persiga los usos personales ni sus actos preparatorios, distinguiendo entre el microtráfico y el tráfico de estupefacientes. En ese sentido, se analizarán cambios a la normativa vigente para que el consumo recreacional de la cannabis sea legal para mayores de edad.
José Antonio Kast
La carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, asegura que instituciones como Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas deben estar facultadas para “ejercer un uso de la fuerza necesaria para el restablecimiento del Orden Público y el Imperio de la Ley”.
Por otra parte, propone aumentar las sanciones a la violencia urbana y duplicar las penas y multas a aquellas personas que dañen o destruyan monumentos nacionales. En este último caso, incluso se podría llegar a pagar con cárcel efectiva.
Para abordar temas vinculados a delincuencia, se pretende instaurar un Comité de Seguridad Nacional, que reemplace al Comité Político semanal que se reúne en La Moneda.
En materia de narcotráfico, el programa de Kast plantea reforzar las brigadas investigadoras de Carabineros y la PDI, otorgar más recursos a la Policía Marítima y Aduanas para detectar sustancias ilícitas y someter a todos los candidatos a cargos de elección popular a un test de drogas.
Además, se buscará ampliar las atribuciones del Estado de Emergencia, otorgando mayores facultades al Presidente de la República. Entre ellas, se menciona el arresto de personas “en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención”.
Yasna Provoste
La aspirante de Nuevo Pacto Social funda sus medidas de seguridad ciudadana en diferentes pilares: combate al narcotráfico y crimen organizado, reducción de delitos violentos, nueva institucionalidad y un renovado sistema policial, entre otros.
En primer lugar, propone una política integral para recuperar los territorios invadidos por la droga, regular el consumo del cannabis y poner en marcha un Plan Nacional para fiscalizar los flujos de bienes que ingresan al país.
Después, se plantea una estrategia de desarme e intervención en zonas críticas, lo que involucra una prohibición selectiva y total de armas en manos de civiles para fines de defensa personal.
En materias de institucionalidad, se creará un Ministerio de Seguridad Pública y una nueva Agencia Nacional de Inteligencia. Además, se realizará una intervención en Carabineros para “no seguir socavando su credibilidad”, incluyendo un sistema de control ciudadano y una formación que vele por valores democráticos y respeto por los Derechos Humanos.
En último término, se pone énfasis en recuperar la paz en los barrios, nombrando a un jefe nacional de recuperación barrial que se encargue de contener el crecimiento del narcotráfico, el crimen y la violencia que conllevan.
Sebastián Sichel
Desde Chile Podemos Más, Sebastián Sichel también propone crear un Ministerio de Seguridad y Orden Público, que se desprenda de la cartera de Interior, y avanzar en un Sistema Nacional de Alerta Temprana para detectar anticipadamente las condiciones de riesgo.
Por otro lado, desea modernizar Carabineros con la instalación de escuelas de formación en todas las regiones, incremento de medios logísticos e implementación de un nuevo modelo para relacionarse con la comunidad, entre otras medidas.
Su programa hace alusión a una Política Nacional contra el Crimen Organizado, que contempla fundar una Policía Especializada en Tráfico (PET). Esta división será similar a la DEA de Estados Unidos, tendrá autonomía presupuestaria y sus funcionarios requerirán de al menos 5 años de formación.
Además, esta estrategia implica aumentar las sanciones e impedir beneficios a aquellos que han sido condenados por delitos relacionados a las drogas y robustecer el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero para controlar el lavado de activos.
Eduardo Artés
El representante de Unión Patriótica, Eduardo Artés, basa sus medidas de seguridad en dos ejes principales: combate al crimen organizado y refundación de las Fuerzas Armadas y de Orden.
En el primer punto, aspira a que los “grandes capitalistas del crimen organizado”, catalogados como “jefes de las mafias”, reciban penas que incluso puedan llegar a la muerte.
Además, desde el Ministerio del Interior se fomentará la creación de brigadas de defensa popular, integradas por pobladores, que trabajarán de manera coordinada con la policía para combatir el crimen organizado. Estas milicias recibirán formación y entrenamiento, además del equipamiento necesario para cumplir sus labores.
En segundo término, Artés plantea que las actuales Fuerzas Armadas y de Orden son “un real peligro” contra cualquier proyecto político democrático. Por ende, deben refundarse a través de círculos “patrióticos y populares de soldados leales a los pueblos de Chile”.
Esta medida implica reducción de remuneraciones, recuperación del patrimonio que les fue entregado durante la dictadura de Augusto Pinochet y remoción de todos los involucrados en violaciones a Derechos Humanos tras el golpe de Estado de 1973 y en el estallido social de 2019.
Marco Enríquez-Ominami
El candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, propone la creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana, que cuente con las atribuciones y recursos para desarrollar una política de prevención del delito y control civil efectivo sobre las policías.
Por otra parte, se pretende avanzar hacia la elección popular de los fiscales regionales, con el fin de que tengan conexión con la realidad de sus respectivos territorios.
En relación al narcotráfico y crimen organizado, su programa plantea crear una Fiscalía que tenga especialización en estas materias e implementar un sistema que, sin violar ninguna garantía constitucional, permita acceder a las cuentas bancarias de quienes tengan evidencia fundada de estar vinculados al negocio de las drogas.
Además, se creará una Unidad de Seguimiento de Activos Financieros, que trabaje junto al SII, para seguirle el rastro a los flujos de dinero, compra y venta de activos ilegales.
Finalmente, Se avanzará en un Programa de Seguridad Ciudadana Comunitario, cuya unidad de intervención no sea únicamente barrial, sino también comunal, y se implementará en aquellas comunas y barrios de mayor vulnerabilidad e índices de victimización.
Franco Parisi
Desde el Partido de la Gente, Franco Parisi sugiere la creación de una unidad especial de inteligencia, integrada por instancias como la ANI, UFA, SII, Fuerzas Armadas, PDI, Carabineros, Aduanas y Tesorería General de la República, para combatir el lavado de activos, narcotráfico y negocios de “connotación terrorista y contrabando”.
Su programa especifica que en la región de La Araucanía se creará una fuerza especial, dependiente del Presidente de la República, para “terminar con el terrorismo y la violencia que atormenta a la ciudadanía”.
En relación con las Fuerzas Armadas, se propone su traslado a lugares apartados del centro de las ciudades. Se menciona en especial la Macrozona Norte, para fortalecer los puntos fronterizos más conflictivos.
Finalmente, se propone que la cobertura de internet en zonas limítrofes o de difícil acceso sea responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de Orden.