La próxima semana, y con discusión inmediata, ingresará al Congreso el proyecto de ley del Gobierno que busca extender hasta 2028 la desmunicipalización.

Esta ya generó diferencias entre quienes la impulsaron y el Gobierno, ya que finalmente el Ministerio de Educación (Mineduc) rechazó la propuesta de los alcaldes de suspender la desmunicipalización y optó por buscar extender el plazo de implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación en tres años.

Así lo confirmó el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, quien sostuvo que si bien se mantendrán los plazos para la entrada en funcionamiento de los nuevos servicios locales, se plantea ampliar, de uno a dos años, el proceso para el traspaso de los colegios municipales.

El proyecto de ley no recogió finalmente lo solicitado por los alcaldes que buscaban detener la entrada en funcionamiento de los próximos seis Servicios Locales, fijados para 2022.

El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Bernardo Vásquez, aseguró que siempre se le solicitó al Mineduc suspender el proceso y, en ese mismo tenor, se le planteó el tema a los parlamentarios.

Sin embargo, la medida no es avalada por los expertos e investigadores del área, quienes además consideran incomprensible que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, envíe un proyecto de ley con estos fines a meses que el Gobierno termine su período.

Para la directora Ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, el problema de fondo sobre la desmunicipalización está en la falta de apoyo para implementar la ley por parte de las autoridades del Mineduc, descartando que extender su implementación solucione los problemas que ya fueron identificados por el comité de expertos que evalúo la norma.

El académico de la Universidad Diego Portales y exjefe de la División de Educación General del Mineduc, Gonzalo Muñoz, sostuvo que es razonable pensar en una progresión para una mejor Implementación de los servicios, pero sin suspender el proceso.

Muñoz sostuvo que no hubo una decisión sostenida por parte de este Gobierno por implementar adecuadamente el proceso, más allá de lo que la ley mandata, sentenciando que las principales autoridades del Mineduc nunca tuvieron un real compromiso con el proceso de desmunicipalización.