La comisión revisora de la Cámara de Diputados rechazó el libelo de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por lo que pasará con informe negativo a la Sala.
El texto acusatorio contó con 2 votos a favor, de Florcita Alarcón (IND) y Maya Fernández (PS); dos en contra, de Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (IND); y una abtención, de Pepe Auth (IND).
Cabe recordar que el juicio político contra Piñera se basa en los últimos antecedentes revelados en torno a la compraventa de la minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas en 2010, que involucra a su familia y a la de Carlos Alberto Délano.
El texto acusatorio posee dos capítulos, en donde se le acusa de faltas graves a la probidad y poner en tela de juicio el honor de la nación.
El diputado Alarcón afirmó que el Mandatario tiene una trayectoria “truculenta” y es experto en especulación de capital financiero, mientras que Fernández dijo que la acusación constitucional no tiene prescripción desde el Congreso y deben abocarse a evaluar la responsabilidad política de Piñera.
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Por su parte, Pepe Auth aseguró que el argumento contra el Presidente es débil, porque no se demostró que hubo intervención ni evasión de impuestos.
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Desde el oficialismo, Paulina Núñez fue crítica con Sebastián Piñera, señalando que la operación significó una imprudencia, pero que hay una serie de puntos en el libelo que no están bien argumentados. Finalmente, Troncoso sostuvo que no se puede advertir ninguna actividad ilegal.
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Los próximos pasos
La Cámara está citada el lunes 8 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, para analizar el juicio político contra el jefe de Estado.
En primera instancia, el propio Presidente o su defensa pueden deducir la “cuestión previa”, argumentando que la acusación no cumple con los requisitos que señala la Constitución.
Si los diputados la acogen, la acusación se tendrá por no interpuesta y no podrá pasar a su discusión de fondo. En cambio, si se rechaza, se abre el debate para continuar con la votación.
En este último proceso, se dará la palabra a un diputado que sostenga la acusación y después podrá contestar el afectado o, si éste no lo hiciere, un parlamentario partidario de que se deseche.
En la última sesión que celebre la Cámara para conocer de la acusación, se votará su admisibilidad. Si se acepta, se nombrará a una comisión de tres diputados para que la formalice y prosiga ante el Senado.