Diputados de la UDI anunciaron que llevarán al Tribunal Constitucional el proyecto de ley que busca indultar a los detenidos en el marco del estallido social. Dentro de los motivos destacan que el proyecto pretende indultar a quienes aún no han sido enjuiciados.

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), decidieron recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que los proyecto de ley de indulto a los detenidos del estallido social avancen en siguientes tramitaciones.

Lo anterior, debido a que según consideran, se estarían saltando al poder judicial.

Sustentados en un informe realizado por la Fundación Jaime Guzmán, los parlamentarios indicaron que hay inconsistencias y debilidades en la redacción de ambos proyectos.

Los documentos fueron presentados por senadores de oposición, destacando la candidata presidencial, Yasna Provoste, como impulsora de las dos iniciativas.

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La idea de recurrir al máximo Tribunal se da debido a que, para el diputado de la UDI Juan Ignacio Coloma, el proyecto pretende indultar a personas que ni siquiera han sido condenadas por un tribunal.

Esto, saltándose toda la institucionalidad penal.

UDI al TC

“Yasna Provoste y Gabriel Boric lo que están buscando es saltarse a la justicia. Indultar a personas que han sido condensadas, pero también a personas que aún no han terminado sus juicios”, dijo Coloma.

Agregó que: “No sabemos si son culpables o inocentes y mucho menos el tipo de delito que cometieron”.

Desde el comando de Apruebo Dignidad, el diputado y el vocero del conglomerado, Marcelo Díaz, le bajó el perfil a esta medida tomada por la UDI.

Indicó que esperan retomar la discusión del proyecto lo antes posible en el Senado.

“Es una atribución que tienen los parlamentarios, yo he contribuido al TC en distintas etapas de la tramitación legislativa”, dijo.

“Evidentemente habrá que dar el debate de fondo una vez que el proyecto llegue a la Cámara y esperamos que el Senado lo vea en un tiempo próximo”, terminó.

Desde la UDI además, se indicó que recurrieron al TC como una señal para la ciudadanía que se ha visto afectada por hechos de violencia causados en el marco del estallido social.

Lo anterior, debido a que “estos proyectos presentados establecerían una señal de impunidad en los delincuentes”.