Una polémica se registró este lunes en la alianza Apruebo Dignidad, luego que el diputado del FRVS, Jaime Mulet, se retractara de bajar su candidatura, por estar involucrado en un caso de corrupción, lo que causó molestia en el candidato presidencial de la colectividad, Gabriel Boric.

A primera hora de este lunes, Boric fue consultado sobre las informaciones de prensa de que Mulet habría estado haciendo campaña para la reelección como diputado, pese a que un mes dijo que bajaba su postulación, por lo que no haría campaña porque por plazos legales, no podía sacar su nombre de la papeleta.

“Lo que él nos comunicó es que producto de la formalización, no iba a ser candidato y por lo tanto, quiero ser muy claro: Jaime Mulet no cuenta con mi apoyo”, indicó Boric esta mañana, debido a que el diputado está próximo a ser formalizado por cohecho.

Pero finalmente, Mulet tomó la decisión de “reactivar” su campaña para ser reelecto diputado por Atacama, asegurando que hubo una petición popular para que volviera a competir por un escaño en la Cámara Baja.

“Volvemos a la campaña con más fuerza a trabajar por Atacama. Estoy muy agradecido por el cariño y apoyo que recibí por parte de la ciudadanía, por la petición popular que se concretó este domingo a través de la FRVS representada por el presidente(s) Esteban Valenzuela y nuestra secretaria general, Mara Molina, quienes solicitaron que retome la candidatura a diputado por el Distrito 4″, publicó en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar, que hace un mes, Mulet dijo que no haría campaña por su pronta formalización, pero pese a sus dichos, partidarios y el Frente Regionalista Verde Social (FRVS), habrían continuado trabajando en ello, hasta que este lunes, anunció que reactivaría su campaña para la reelección.

Investigación contra Mulet

Mulet y los abogados ligados a la Democracia Cristiana Ramón Briones y Hernán Bosselín, serán formalizado por el delito de cohecho pasivo el próximo 16 de noviembre, a sólo cinco días de las elecciones parlamentarias.

La imputación de cargos refieren a cómo habrían logrado que la minera Candelaria, de capitales canadienses, pagara a la Municipalidad de Tierra Amarilla la suma de 7 millones de dólares a cambio que el alcalde Osvaldo Delgado desistiera de un juicio ambiental.

Básicamente, sostiene la Fiscalía, los tres imputados se habrían concertado para desplegar conductas criminales y facilitar los medios para que el jefe comunal incurriera en otros ilícitos, tal como reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío en 2019.

Al evitar que la autoridad comunal iniciara esas acciones legales, la empresa allanó el camino para obtener un permiso ambiental y así continuar operando en la zona la extracción de cobre hasta 2030.

Actualmente, se encuentra formalizado quien fuera el gerente legal de la firma, Miguel Troncoso, como también la compañía, por la responsabilidad que le cabe a la persona jurídica.