La próxima semana, en la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados, se dará inicio a las audiencias por la acusación constitucional presentada en contra del presidente Sebastián Piñera.

Durante las últimas horas, diferentes actores han emitido su opinión respecto de la situación del mandatario, que es investigado por el Ministerio Público ante su posible participación en la venta que su familia hizo de parte de la Minera Dominga a Carlos Délano en las Islas Vírgenes Británicas, donde el pago de una cuota habría estado condicionado a una decisión que debía tomar su primer gobierno.

Uno de ellos fue el exfiscal Manuel Guerra, quien fue el encargado de investigar el caso Exalmar en el año 2017, que también involucraba a Sebastián Piñera, y que a su vez incluyó un capítulo sobre Dominga.

En entrevista con El Mercurio, el expersecutor señaló que, a pesar de que la investigación se cerró en su momento, consideró que la decisión que tomó la Fiscalía es adecuada.

“Yo considero que la decisión de la Fiscalía es adecuada, se ajusta a derecho, y no me cabe duda que el análisis que hizo la Unidad Especializada Anticorrupción fue exhaustivo”, aseveró.

También expresó que “mi decisión para pedir el sobreseimiento se fundó en que no tenía ningún elemento que diera cuenta de la intervención de Piñera, por eso es que pedimos el sobreseimiento y el juez lo decretó”.

Respecto a esta declaración, el exfiscal, Carlos Gajardo, mencionó que, considerando cómo se abordó la investigación de 2017, efectivamente es necesario retomar la indagatoria.

El senador de la UDI, Iván Moreira, mantuvo su postura crítica a la investigación y mencionó que, a pesar de que la Fiscalía tiene el derecho a indagar, la investigación tendría un fin político más que judicial.

Imán

Este fin de semana se conocieron más antecedentes respecto al Proyecto Imán, que se encuentra incorporado en el líbelo acusatorio y que fue develado en un principio por Radio Bío Bío en 2017.

Hoy, Ciper Chile profundizó en esta investigación. En un reportaje constataron que desde la familia del mandatario comenzaron las negociaciones para adquirir este proyecto minero al sur de Vallenar, y que el vendedor del proyecto –Arnaldo del Campo– posteriormente fue nombrado como representante del presidente en el directorio de la Empresa Nacional de Minería.

La diputada radical Marcela Hernando, una de las autoras de la acusación, afirmó que los antecedentes fomentarán la aprobación del juicio político.

Respecto a la acusación, el presidente Piñera tendrá plazo hasta el 28 de octubre para presentar su defensa, tras ser notificado formalmente.