El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó un balance sobre la situación judicial y de acompañamiento a las víctimas que denunciaron violaciones a los derechos fundamentales, a dos años del denominado estallido social.

En él, se da cuenta de que al 2021, hay 3 mil 72 querellas, 70 con formalización y 136 imputados formalizados, pero solo 4 sentencias condenatorias. Estableciendo que “hemos avanzado muy poco” y relevando que el panorama “sigue siendo así después de dos años”.

El director del INDH Sergio Micco, calificó el informe como desolador y reiteró que el país está más cerca de la impunidad, que de la justicia y reparación necesarias.

El director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, apuntó al Gobierno con responsable de no impulsar las medidas necesarias para promover la reparación de las víctimas y dijo que en lo concreto, es necesaria la reforma a las policías.

Marta Valdés, vocera de la Agrupación de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular, aseguró que no es suficiente con una reforma y que la institución de Carabineros debe ser disuelta, para formar una policía con las competencias necesarias.

Sobre el seguimiento de las víctimas, el informé apuntó a las debilidades del sistema judicial, debido a que solo en 175 oportunidades se aplicó el protocolo de Estambul, habiendo 632 querellas donde se solicitó esta diligencia.

Amnistia Internacional emitió también un informe sobre el tema, titulado “Policías bajo la lupa: Cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas”, donde se apunta a la necesidad de reformar a la institución policial de Chile.