A paso firme continúa la redacción de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, y que la oposición se puso el plazo de ingresarla la próxima semana a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Trabajado entre asesores y abogados de las bancadas, el texto tiene hasta el momento dos capítulos: El primero, basado en la infracción al principio de probidad contenido en el artículo 8 de la Constitución, y el segundo, por dañar el honor de la Patria.

El líbelo también pasará por la revisión de abogados externos al Congreso, cercano de algunos parlamentarios, que por querer asegurarse de la contundencia del texto, buscarán más opiniones.

Necesitan 78 votos en sala, y bastaría con alinear a toda la oposición para conseguirlos. El problema es que en el bloque hay diputados independientes, como Pablo Lorenzini -ex DC- y Pepe Auth -ex PPD- que no se cuentan dentro del cálculo de los votos, y generalmente votan a contracorriente de la oposición.

Uno de los principales impulsores, el diputado de la DC, Gabriel Silber, dijo que terminado el texto buscarán conseguir votos del oficialismo a favor del libelo.

Pese a que la tarde del martes, en el anuncio de la Acusación Constitucional, la oposición llamó a no ‘presidencializar’ este debate, han tardado poco en surgir las voces, que piden un rol más activo de la senadora Yasna Provoste, y en particular, del diputado Gabriel Boric.

El Frente Amplio está directamente involucrado en la redacción del texto, pero Boric ha guardado distancia. El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, aseguró que ‘en principio’ votará a favor, pero que primero debe revisar el texto.

Al menos tres diputados de oposición ya han mencionado que les consta que habrían parlamentarios de centro derecho ‘abiertos’ a revisar la acusación, y posiblemente, votar a favor de ella en la sala.

Pese a esto, el diputado de Renovación Nacional, Camilo Morán, contrario a la postura del ejecutivo en el tema, dijo que eso es muy distinto a estar en reflexión, o pensar en apoyar a la izquierda en la acusación.

Una publicación de La Tercera la tarde del jueves, planteó la tarde del jueves que la Fiscalía Nacional estaría pensando en iniciar una investigación de oficio, luego de conocer que no estaba el contrato completo de la compraventa de la Minera Dominga, en la investigación penal llevada a cabo por el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, el año 2017.

Decir que hubo una ola de reacciones es poco: Al menos 15 diputados, en su mayoría de oposición, vieron fortalecida su postura, y fueron desde acusar a la fiscalía de realizar una mala investigación, hasta asegurar que Sebastián Piñera ocultó antecedentes.

El diputado jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, dijo que el partido ya definió totalmente su respaldo al juicio político, y pidió que la justicia investigue.

Sin embargo, la Fiscalía Nacional aclaró que siguen analizando los antecedentes, y que no se ha tomado ninguna decisión sobre si se abrirá o no una investigación penal de oficio, apuntando que aún quedan aspectos por revisar.

Además, La Radio recibió un comunicado del abogado penalista de Sebastián Piñera, involucrado en el caso, Juan Domingo Acosta, que además lo representó en la primera acusación constitucional el año 2019.

Acosta explica que la justicia tuvo a la mano un correo del 5 de octubre del 2010, en donde había un documento llamado ‘Acuerdo’, suscrito entre Minería Activa Uno SpA. E Inmobiliaria Duero Limitada.

Según el penalista, este documento da cuenta de la totalidad de los términos y condiciones relevantes de la venta, estableciendo la oportunidad, precio y forma de pago aplicables a la transferencia del Proyecto Dominga.