El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió este martes al tráfico de migrantes que se evidencia en la frontera norte del país.
Sólo esta mañana, se detuvo a 9 ciudadanos bolivianos en Colchane, región de Tarapacá, quienes se dedicaban a este delito. Al interior de una casa, efectivos policiales hallaron a 49 personas de nacionalidad venezolana, quienes habían ingresado al país por pasos no habilitados.
Según la autoridad, entre octubre de 2020 y febrero de este año, entraban a Chile entre 2.500 y 3.500 personas de manera irregular, por las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota.
“Eso fue contenido luego de febrero, a través de políticas públicas tanto fuera de la frontera de Chile, informando a aquellos ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar a nuestro país de la importancia de hacerlo regularme. En segundo lugar, fortaleciendo nuestras fronteras, con presencia policial y militar”, señaló.
Asimismo, manifestó que “uno de los riesgos para los ciudadanos extranjeros es que respecto de ellos se va a iniciar un proceso administrativo, que puede terminar en su expulsión”.
Con respecto a este último punto, Galli dice que se han tenido dificultades por un cambio de criterio de las cortes. “Hoy día, el ingreso clandestino a nuestro país no es causal suficiente, de acuerdo a varios fallos que hemos tenido y recursos de amparo que han presentado ciudadanos extranjeros, para llevar adelante una expulsión”.
Por otra parte, indicó que este año se ha incautando una tonelada y media de droga en la frontera de Colchane y se han detenido a 168 personas en la zona por delitos vinculados a estos hechos.
En la región de Tarapacá, el exestadio de Cavancha ya alberga a cerca de 300 personas migrantes, quienes se encuentran en dicho lugar cumpliendo cuarentenas obligatorias.
Desde la deligación presidencial indicaron que revisarán la eventual habilitación de un lugar o recinto en el sector de Bajo Molle, al sur de Iquique.
Tramitación de Ley Juan Barrios
Sobre este proyecto, el subsecretario valoró su avance en el Congreso. “Es importante en un sentido simbólico y en un sentido de dotarnos de mejores herramientas para combatirla violencia”, aseveró.
El texto legal indica que se sancionará a toda persona que incendie un edificio, aeronave, una plataforma naval, un vehículo motorizado, entre otros. En caso de que el siniestro cause la muerte a alguien, la persona será sancionada con presidio mayor en su grado máximo, a presidio perpetuo.
“Lo que hicimos aquí fue tipificar claramente que atentar en contra de un vehículo motorizado, en que puede haber una persona adentro, tiene que tener un reproche penal serio”, sostuvo.
Finalmente, consultado sobre el rechazo de la oposición frente a determinados artículos de la Comisión Mixta -por ejemplo, el que generaba nuevas penas para el delito de obstrucción de vía publica por medio de barricadas-, Galli afirmó que evaluarán cuáles son las medidas que tomarán dependiendo del proyecto que se apruebe.