Este lunes, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional, representado por Maximiliano Murath, presentó una querella criminal en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, por los presuntos delitos de prevaricación y cuasidelito de homicidio.
La acción judicial, ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, guarda relación con las muertes asociadas a covid-19 de internos del penal Punta Peuco.
“Su actuar deshumanizado y negligente en el contexto de los efectos devastadores de la pandemia del covid-19, en su relación con los adultos mayores privados de libertad que cumplen condena en su mayoría en las cárceles Punta de Peuco y Colina 1, por casos calificados de Derechos Humanos, así lo amerita”, señalan sobre el secretario de Estado a través de un comunicado público.
Asimismo, califican como “gravísimo” haberlos “marginado de la aplicación de una medida de salud pública como la Ley N° 21.228 sobre indulto conmutativo con motivo del covid-19, que tenía como elemento central la condición fisiológica de las personas, decidiendo proteger a algunas y dejar a su suerte a las otras”.
Cabe recordar que, hasta hoy, se han confirmado dos muertes por un brote de covid al interior del recinto penal Punta Peuco. Se trata del coronel (r) Jaime García Zamorano, condenado por el caso de la operación “Retiro de Televisores”, y de Miguel Estay Reyno, “El Fanta”, quien purgaba una pena de cadena perpetua por el Caso Degollados.
A estos casos se suma el comandante (r) de la FACh, Luis Enrique Campos Poblete, quien se encuentran hospitalizado y en estado grave producto de la enfermedad.
Según afirma el grupo, se está vulnerando una extensa normativa internacional que protege los Derechos Humanos. “Se las han negado de manera progresiva, sistemática y permanente -y actualmente de forma burda- las garantías básicas de un debido proceso, de una debida ejecución penal”, agregan.
En ese sentido, aseveran que el ministro Larraín ha demostrado “un negligente e inexcusable actuar” y que no pueden quedar impunes “las impredecibles secuelas que sufrirán muchos de ellos y el dolor y daño a sus familias”.
“Aspiramos que la justicia opere con celeridad, transparencia e imparcialidad, y sancione este reiterado actuar injusto, insensible y arbitrario”, concluyen.