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La Defensoría Penal Pública (DPP) solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que se programe una audiencia “urgente”, con el fin de discutir el sobreseimiento de 20 ministros de la Corte de Santiago y una de Suprema, investigados por el Ministerio Público, bajo el presunto delito de prevaricación judicial.
La presentación de los abogados de la DPP Octavio Sufán, Alejandra Lobos y Bárbara Antivero fue ingresada en favor de todos los magistrados, amparándose en el artículo 159 del Código Procesal Penal (CPP). Este último señala que por la vía de una resolución judicial puede anularse un procedimiento legal defectuoso.
Lea la presentación de la Defensoría
La indagatoria en contra de los magistrados del tribunal de alzada capitalino, es la resultante de una querella criminal interpuesta por el abogado Fernando Leal hace un par de meses.
La acción judicial fue interpuesta a raíz de que los 21 magistrados, revocaron por la vía administrativa una determinación jurisdiccional, adoptada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia en 2020, quien otorgó la libertad a un grupo de 13 imputados vinculados al estallido social.
El libelo fue dirigido en contra de los siguientes ministros: Guillermo de La Barra, Miguel Vásquez, Juan Cristóbal Mera, María Soledad Melo, Jessica González, Marisol Rojas, Mireya López, Jaime Balmaceda, Alejandro Rivera, Paola Plaza, Dobra Lusic, María Rosa Kittsteiner, Lilian Leyton, Jenny Book, Gloria Solís, Elsa Barrientos, Inelie Duran, Alberto Amiot, Adelita Ravanales (hoy ministra de la Suprema), Rafael Andrade y Juan Carlos Silva.
Lea la querella
La decisión adoptada por estos últimos, ocurrió en marzo en 2020 durante un pleno de la Corte convocado especialmente para analizar la decisión de Urrutia. Terminado el ampliado, se resolvió que este último fuera trasladado como castigo -sin existir un sumario de por medio- al tribunal de cobranza.
Luego que transcurriera casi un año y medio en ese puesto, el resto de los ministros de la Corte de Santiago no inhabilitados, se reunió nuevamente a mediados de este año y devolvió su cargo a Urrutia, con una resolución que criticaba sutilmente la sanción y el actuar de sus colegas.
La querella de Leal quedó en manos del fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, previa orden del fiscal nacional Jorge Abbott.
La determinación del titular del Ministerio Público, en todo caso, estuvo forzada por un reclamo de Leal, ya que el primer investigador designado fue el jefe de la regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, cuyas causas podrían ser conocidas por la Corte de Santiago, produciéndose una inhabilidad.
Dentro de las diligencias solicitadas en el libelo y que Labarca acogió, está la obtención de las llamadas entrantes y salientes de los ministros de la Corte, el día en que ocurrió el pleno donde se sancionó a Urrutia.
De allí que la petición de sobreseimiento, se ligue a otra solicitud hecha por la misma DPP -acaso una advertencia a los magistrados del “séptimo”- de que cualquier diligencia del Ministerio Público con carácter de intrusiva, debe ser conocida previamente por el tribunal de Garantía antes de ser acogida.
La causa en el sistema digital de la judicatura, al menos hasta el cierre de esta edición, está en calidad de secreta. El caso es llamativo porque indagatorias por delitos de sangre, por ejemplo, es posible encontrarlas en la web judicial sin mayor trabajo que teclear en la URL del navegador y algunos clics del mouse.
