Desde el inicio de la pandemia, distintas organizaciones que promueven los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, han manifestado su preocupación por las garantías que el Estado debe dar en cuanto al acceso a medicamentos, insumos y consultas médicas.

Por medio de una investigación, la corporación Miles denunció un aumento en la percepción del costo de las pastillas anticonceptivas, en torno al 18,8%, revelando que el Gobierno no impulsó ninguna medida para regular su precio, atendiendo a la situación sanitaria.

La coordinadora de este estudio, Stephanie Otth, dijo que la autoridad debiera indagar el origen de este aumento y afirmó que una manera de proteger los derechos sexuales y reproductivos es declararlas como insumos esenciales.

“Lo que nosotras hemos recomendado es que en el fondo se investigue más respecto esta percepción. Nosotras lo que sugerimos es que sean considerados como insumos esenciales”, comentó la coordinadora de Miles.

La abogada de la corporación Humanas, Camila Maturana, no descartó la posibilidad de impulsar una investigación. Sin embargo, aseguró que el foco debe estar en que el Estado se haga cargo de garantizar el acceso a este tipo de servicios.

“Más allá de qué acciones legales se puedan emprender, pareciera que la principal preocupación es que en tiempos de pandemia, el Estado de Chile no ha sido capaz de garantizar de manera clara y categórica, que estos servicios no pueden suspenderse ni ser restringidos de ninguna manera. Ni siquiera la calidad de los métodos anticonceptivos que se entregan a las mujeres”, afirmó la abogada.

En este contexto, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, ofició al Ministerio de Salud para que explique las medidas que ha tomado o tiene planificadas como autoridad competente para abordar la situación.

“Es un hecho más que viene a demostrar que durante la pandemia los derechos sexuales y reproductivos, en particular de las mujeres, quedaron en total abandono por parte del Gobierno. Por este motivo estamos oficiando, porque el Gobierno no puede desentenderse y en esto el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer tienen una responsabilidad insoslayable”, acusó la parlamentaria.

Hoy además la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputadas y Diputados, continuará la discusión en general del proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica. Sesión en la que participarán la Ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, el Observatorio de Violencia Obstétrica y representantes de la Asociación de Matronas.