La Contraloría General de la República (CGR) determinó una serie de falencias al interior del Ejército de Chile en materia de transparencia, tras una auditoría que evaluó el marco institucional preventivo para la lucha contra la corrupción.
El análisis, que se extendió entre enero de 2016 y junio de 2019, incluyó a los ministerios de Hacienda, Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencia y Defensa Nacional, como también a la institución castrense.
Bajo este contexto, el documento revela que si bien el Ejército cuenta con tres canales de denuncias, estos no garantizan “el anonimato de los funcionarios que requieren utilizarlos”. A esto se suma que el organismo no cuenta con una “disposición legal” que proteja a los miembros de las filas que acusen situaciones fraudulentas.
La ausencia de protección, señala la CGR, “desincentiva” el uso de las plataformas dispuestas, lo que trae como consecuencia una mayor dificultad para la identificación de prácticas corruptas al interior de las filas.
En otro de los puntos que destaca la auditoría es que el Ejército no ha reportado “oportunamente” al Consejo de Auditoría Interna de la Secretaría General de Gobierno (CAIGG) ni a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los hitos de su sistema preventivo contra el lavado de activos.
Tampoco hay registro ni retroalimentación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) desestimados al interior del Ejército. La institución, dentro de sus canales de denuncias, implementó los ROS con el objetivo de tomar nota de situaciones o acciones relacionadas al lavado de activos.
Luego de analizar la implementación de este sistema, la Contraloría detectó que este “no almacena el registro del análisis y las razones por las cuáles se desestima una denuncia y en definitiva no se informa a la UAF”, quedando dicha información “únicamente” en manos del oficial de cumplimiento.
Esta deficiencia, esgrime la institución que dirige Jorge Bermúdez, podría dar pie a que se puedan desestimar “ROS que contengan información que sea indicio de algún acto irregular”.
Hay que recordar que actualmente el Estado de Chile está incluido como “sujeto obligado a informar” a la UAF, a través de los ROS, situaciones que pudieran ser constitutivas del delito de blanqueo de capitales. La comisión de este ilícito debe estar acompañada de otros para configurarse, entre otros el cohecho y fraude al fisco.
La auditoría sostiene que no hay control ni registro de las acciones llevadas a cabo para subsanar observaciones realizadas en informes de auditoría interna del Ejército, así como los de la propia Contraloría.
“La Contraloría del Ejército no realiza un control y registro de las acciones correctivas comprometidas en los informes de auditoría interna de las diferentes áreas del Ejército que efectúa, como tampoco (…) las observaciones emitidas en los informes de auditoría de esta Contraloría General”, señala el texto.
Si bien el informe reconoce que la institución tiene una serie de directrices relacionadas con la conducta funcionaria, esta carece de un sistema de integridad y de un Código de Ética de acuerdo a los lineamientos impartidos por los ministerios de Hacienda, Segpres y el Servicio Civil, que le permitan “unificar, centralizar y actualizar la conducta funcionaria”.
Los procesos de adquisición también fueron escrutados. Al respecto, la Contraloría indica que el Ejército “no cuenta con lineamientos para determinar cuándo una compra tiene carácter de secreta.
A renglón seguido, se consigna que tampoco dispone de “controles que permitan evitar el riesgo de manipulación de precios” de las empresas inscritas en el registro especial de proveedores, en los casos donde una misma persona representa a más de una empresa.
El Ejército se ha visto involucrado desde 2015 hasta 2020, al menos, en graves casos de corrupción. Uno de ellos es el “Milico Gate”, cuya investigación a cargo de la ministra Romy Rutherford arroja a oficiales y suboficiales que se apropiaron y defraudaron al fisco en más de US$10 millones de la entonces Ley Reservada del Cobre.
A través de un comunicado, desde el Ministerio de Defensa Nacional valoraron que la auditoría “destaque” que la cartera ha sido “eficiente en realizar el monitoreo respecto a las instrucciones impartidas en materia de auditoría e implementación de los canales de denuncias en las Fuerzas Armadas”.
Asimismo, mencionaron que el Ejército ha “desarrollado y adoptado una serie de medidas y acciones para el fortalecimiento del control interno”. Una de ellas, por ejemplo, el “Plan Visión”, el cual establece un nuevo sistema de control institucional.
Vea el comunicado:
No hay institucionalidad
En la misma auditoría, la CGR mencionó a una serie de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en pro de aumentar los estándares de probidad en el país.
Pese a los esfuerzos, el ente fiscalizador concluyó que Chile “no dispone de una institución con carácter permanente que coordine, supervise y colabore con la con la interacción de las distintas entidades públicas relacionadas con la prevención de la corrupción”.
Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, reconoce esta situación, pero se manifestó contrario a monopolizar esta atribución.
“Desde Chile Transparente somos contrarios a tener un zar anticorrupción, es decir, una organización que se encargue de esto, sino que más bien creemos en la coordinación con labores claras”, señaló.
El debate constituyente, para Precht, podría ser una buena instancia para debatir y corregir esta falta de organización. “Sería muy interesante que la nueva constitución estableciera una obligatoriedad de coordinación”, subraya.
Respecto a las falencias que expone la Contraloría en el sector de Defensa Nacional, específicamente al interior del Ejército, Precht destacó que desde 2017 hubo un cambio “importante” al interior de la institución para combatir la corrupción.
“¿Se ha llegado a un óptimo?”, se pregunta el abogado, respondiendo al mismo tiempo: “No, no se ha llegado y eso también tiene que ver con un marco que, por ejemplo, en Chile no protege a los denunciantes de corrupción”, remata.
A falta de una institucionalidad que coordine, también se detectó una importante carencia en la elaboración de Códigos de Ética, donde un 61% de las entidades a nivel nacional no han podido elaborar su norma interna.
Es decir, según el documento, de 726 servicios públicos del país, solo 282 cuentan con su reglamento, a diciembre de 2019. “Se debe evaluar la implementación de los códigos de ética como un objetivo de Estado y no del gobierno de turno”, recomienda la Contraloría.