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El ministro de Educación, Raúl Figueroa, respondió con un documento de 300 páginas a la acusación constitucional que levantó la oposición en su contra.
En lo central, el titular del Mineduc pidió a la comisión revisora del libelo que se tenga presente el contexto de excepcionalidad por la pandemia y aludió a una cuestión previa sobre la ausencia de requisitos materiales y formales para acusar.
Según se lee en el segundo otrosí, Figueroa contesta a la acusación con el ánimo de demostrar “manifiesta inefectividad de las afirmaciones fácticas en que ella se sustenta”.
Los argumentos
“Como se desarrollará a continuación, y desvirtuando las alegaciones de los acusadores que el Ejecutivo habría ‘actuado de modo tardío, insuficiente, acaso mezquino y negligente’, el Gobierno ha tenido como principal foco durante el año 2020 y 2021 el manejo de la pandemia de covid-19, adoptando distintas medidas para proteger la salud de las personas y atender sus necesidades”, se lee en la página 8 del texto.
Tras ello, Figueroa y su abogado enumeraron 62 iniciativas de apoyo “implementadas por el Ministerio de Educación en contexto de pandemia”.
Entre ellas, por ejemplo, destacan Aprendo en Línea, Aprendo en Casa, Canal TV Educa y programa Aprendo TV, YouTube para educación parvularia, Biblioteca Digital Escolar, preuniversitarios gratuitos online, app Contigo Juego y Aprendo, seguro escolar covid-19, WhatsApp Leo Primero, Tutores para Chile y la priorización curricular y flexibilización de evaluación y del trabajo docente.
A esos sumaron el club de lectura PLED, la flexibilización del Simce, de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), apoyo a establecimientos para retorno seguro, extensión de la Tarjeta Nacional del Estudiante (TNE), “tómate la foto” desde casa, kits sanitarios y la entrega de permisos de desplazamientos especiales para estudiantes y funcionarios de programas que no pueden ser postergados ni realizarse a distancia.
Tras un análisis de literatura nacional e internacional respecto a la importancia de la presencialidad, la defensa aseveró que “la acusación toma como premisa un diagnóstico completamente alejado de la realidad, en cuanto afirma una supuesta ‘gravosa omisión del gobierno’ y ‘…el Gobierno (…) tampoco ha sabido estar a la altura de la contención de la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales’”.
“La abundancia, celeridad y eficacia de las medidas descritas precedentemente no solo ponen en burda evidencia la infectividad de ese diagnóstico, sino que traslucen el sentido político-comunicacional de esta acusación, cual es restarle mérito al Gobierno en la conducción política del Estado durante el manejo de la pandemia”, agregaron.
A su juicio, las críticas explícitas a las decisiones adoptadas por el Gobierno por parte del bloque opositor “evidencian el deseo de sustituir la conducción política del Estado, desde un Gobierno democráticamente elegido hacia otros actores sociales afines a las perspectivas ideológicas de los acusadores”.
Pero Figueroa no se quedo ahí y sumó a los gremios de la salud y la educación a la discusión de porqué la acusación carece de respaldo.
“Las permanentes citas al Colegio Médico, y su recomendación en cuanto a seguir una estrategia de ‘apagón’, y al Colegio de Profesores, en su contumaz oposición al regreso a clases presenciales, trasparentan con claridad esa aspiración”, lanzaron.
“Por tanto, los capítulos acusatorios y la admisibilidad de esta acusación deben ser juzgadas en su mérito sin olvidar que la actuación del ministro acusado se ha situado en un contexto sanitario que ha alterado de manera estructural, dinámica y profunda la operación de todos los estamentos de la sociedad civil y las instituciones del Estado”, concluyeron.
Cuestión previa y dinero asignado
Con posterioridad, Figueroa alegó la existencia de una cuestión previa en este asunto, por lo tanto señaló que “la acusación no cumple con los requisitos previstos en la Constitución”.
“En la especie, los acusadores construyen sus argumentos con un supuesto subyacente que es común a todos: no se imputan verdaderos ilícitos constitucionales, sino que realmente se cuestiona la implementación o no de políticas públicas en materia sanitaria o educacional, con las que no están de acuerdo”, indicaron.
Así, destacaron que solo durante 2020, y en virtud de la flexibilidad que se dio en el marco de la Ley SEP, “los establecimientos educacionales dispusieron aproximadamente de 120 mil millones de pesos para mejorar tanto sus procesos de educación a distancia, como asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios”.
En la misma línea el titular del Mineduc y su defensa aseguraron que esa misma posibilidad se mantiene vigente durante el presente año, “estimándose que 140 mil millones de pesos estarán disponibles bajo este concepto”.
Con anterioridad, en el listado de iniciativas realizadas en pandemia, la defensa detalló en el cuadro de la ley SEP que se flexibilizó todo el presupuesto de esta normativa, “aproximadamente un billón de pesos, en donde se calculó que la flexibilización permitiría utilizar entre $120.000 y $170.000 millones de pesos en gastos relacionados con la pandemia”.
Conclusiones
A modo de cerrar su defensa por escrito, Figueroa y su defensa enumeraron diez razones por las cuales el Poder Legislativo debería rechazar la acción en su contra.
1. Se basa en afirmaciones inefectivas y/o erradas.
2. No cumple con los requisitos básicos y esenciales para su procedencia.
3. Se basa en opiniones, valoraciones, y hechos que no han sido
acreditados.
4. Está formulada de una manera que infringe el principio de legalidad, el que se encuentra legal, constitucional y supranacionalmente garantizado.
5. Infringe el principio de separación de poderes, al basarse en materias que se refieren al ejercicio de potestades exclusivas del Poder Ejecutivo.
6. Infringe el principio de culpabilidad, legal, constitucional y
supranacionalmente garantizado.
7. Está formulada de una manera que infringe el principio de
proporcionalidad, legal, constitucional y supranacionalmente
garantizado.
8. Infringe el principio de proceso racional y justo legal, constitucional y supranacionalmente garantizado.
9. Infringe el principio de Ultima Ratio, legal, constitucional y
supranacionalmente garantizado.
10. El Ministro acusado ha desempeñado su cargo con estricto apego a las facultades que le confiere la Constitución y las leyes, y ha promovido el funcionamiento del sistema educativo chileno pese a las dificultades que el contexto de pandemia.
¿Poco interés?
Tras la recepción de la defensa, la diputada Marisela Santibáñez (PC) acusó que existe poco interés de la comisión revisora de sesionar al respecto.
Santibáñez, la única legisladora de oposición en la instancia, señaló que no ha existido disposición por parte de los parlamentarios oficialistas por hacer preguntas o dar argumentos que dejen en buen pie al ministro Figueroa.
Por el contrario, “más bien han apuntado a relevar la responsabilidad de los sostenedores de los colegios durante la pandemia”, lanzó.
Para la diputada, las razones de esta falta de interés “responden mucho más a una falta argumentos y exceso de confianza en la defensa que haga el propio ministro Raúl Figueroa”.
“La poca intervención de los cuatro diputados oficialistas en la comisión revisora parece indicar que Raúl Figueroa está abandonado a su suerte en esta acusación”, complementó.
La comisión debe votar el miércoles 11 el informe a enviar a la Sala y el jueves el texto debe estar disponible para que sea puesto en tabla y votado.
