En un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de Chile ha acordado proporcionar reparaciones a una mujer esterilizada a la fuerza en un hospital público e implementar medidas de no repetición que garanticen el consentimiento informado y permitan a las personas que viven con VIH el acceso sin discriminación a servicios de salud.

El acuerdo se alcanzó con el apoyo legal del Centro de Derechos Reproductivos y de Vivo Positivo, organizaciones que llevaron el caso a la CIDH en 2009 después de que la justicia chilena no le permitiera a la sobreviviente acceder a justicia, ni a ningún tipo de reparación efectiva.

La víctima, conocida como “Francisca”, firmó hoy el Acuerdo de Solución Amistosa ante la CIDH después de que el Estado chileno aceptara su responsabilidad en la esterilización no consentida que sufrió en el hospital. Francisca decidió tener su primer bebé en 2002, pero en la primera etapa de su embarazo le diagnosticaron VIH. Francisca tomó las medidas para reducir el contagio vertical al feto y dio a luz mediante una cesárea, procedimiento durante el cual el personal médico le practicó, sin avisarle, una esterilización quirúrgica al considerar que era irresponsable que una mujer con VIH tuviera más hijos.

“Estoy feliz de que se firme el Acuerdo después de tantos años de negociación y de aquí para adelante espero que el Estado cumpla con todo en el plazo correspondiente. Ahora quiero vivir tranquila con mi hijo, que esto pase pronto y de una vez por todas”, dijo Francisca en la firma del documento.

En 2014 la CIDH admitió el caso por la violación de los derechos a la salud, a la integridad, a una vida libre de discriminación y violencia de género, a la libertad y seguridad personales, a un recurso judicial efectivo y a la igualdad ante la ley.

“Todas las mujeres, sin importar su estatus de VIH, deberían ser libres para decidir si quieren o no tener hijos de manera autónoma y qué es lo mejor para su propia salud y su vida. Es una gran satisfacción haber acompañado a Francisca para lograr este Acuerdo, seguiremos trabajando para supervisar que el Estado cumpla de manera integral”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina del Centro.

Las mujeres que viven con el VIH se enfrentan a situaciones de discriminación cuando acceden o intentan acceder a los servicios de salud. Por ese motivo los Estados tienen una obligación reforzada de garantizar y respetar los derechos de esta población, incluyendo el deber de asegurar el consentimiento previo, libre e informado.

A pesar de eso, el hospital público al que Francisca asistió no le proporcionó ningún dato omitiendo que las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos señalaban que ella debió haber recibido información adecuada, completa y accesible para dar su consentimiento. No obstante, a Francisca la discriminaron por vivir con VIH y sin preguntarle, mientras estaba anestesiada, un equipo médico decidió coartar su autonomía y quitarle su capacidad reproductiva para siempre con base en estereotipos de género.

“Este Acuerdo marca un hito en Chile y sienta un precedente de que no hay mujeres de segunda clase y que los derechos humanos son también para las mujeres que viven con VIH. No queremos nunca más una esterilización forzada, nunca más una mujer con sus derechos vulnerados detrás de la puerta de un quirófano”, dijo Sara Araya, coordinadora del área de género de Vivo Positivo.

Al reconocer su responsabilidad en esta violación a derechos humanos y firmar el Acuerdo, el Estado chileno se comprometió a reparar el daño causado, no solo con medidas individuales sino también con medidas que transformen el contexto de desigualdad estructural que condujo a estos hechos.

Lorena Recabarren, Subsecretaria de Derechos Humanos, destacó la responsabilidad histórica del Estado con el caso y el esfuerzo intersectorial por reparar a las víctimas: “Nos comprometemos a llevar adelante este acuerdo, que significa reparar a las víctimas de este caso y que tiene su origen en un hecho tan doloroso y tremendamente vulnerador que sucedió hace casi 20 años. Seguiremos trabajando en medidas de no repetición para que hechos como este no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestro país”, declaró.

Este mismo acuerdo asegura un mecanismo que permite hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos que el Estado chileno contrajo y, en caso de incumplimiento el proceso podrá seguir su curso hasta la emisión de un informe de fondo, y si fuera necesario hasta la Corte IDH.