Durante este último tiempo se han incrementado nuevamente las manifestaciones sociales en nuestro país. Y junto a ellas, la violencia y los destrozos han sido parte -en ocasiones- de la tónica.
En la mayoría de estas movilizaciones, la motivación es clara: justicia y libertad para los denominados “presos políticos”, del llamado “estallido social” de 2019.
El vocero de la Asamblea Nacional de familiares de presos políticos de la revuelta, Jaime Fuentes, señaló que sólo piden la libertad de jóvenes que no tenían antecedentes.
Agregó que, se acumula la rabia en las manifestaciones ante la -según él- injusticia frente al caso de Fabiola Campillay, y el nulo cambio en las situaciones sociales del país.
Fuentes declaró, que en caso de no aprobar la Ley de Indulto, radicalizarían las movilizaciones.
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Frente a esta situación, el mundo político y la ciudadanía ha estado en evidente división. Algunos parlamentarios señalan que la urgencia en la Ley de Indulto es una eficiente solución política a esta problemática.
El senador de Revolución Democrática y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Ignacio Latorre, afirmó esta postura; señalando además, que de no ser una solución, desde la Convención Constitucional no habrían pedido urgencia al proyecto.
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Desde la otra vereda, el senador UDI y miembro de la comisión de Seguridad Pública, Iván Moreira, insistió en que en Chile NO hay presos políticos, y llamó a NO seguir “revolviendo el gallinero” con malas señales.
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La idea general de la Ley de Indulto, ya fue aprobada en las comisiones de Derechos Humanos, y Seguridad, del Senado; Actualmente está en primer trámite de discusión en la comisión de Constitución en la Cámara Alta.