A las 12:00 horas de este jueves quedó fijada la audiencia de formalización de Jorge Huenchullán, werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, por los delitos de narcotráfico e infracción a la Ley de Control de Armas.
Cabe recordar que el comunero mapuche fue detenido el pasado lunes en el Hospital de Victoria, cuando era dado de alta tras haber estado conectado a ventilación mecánica por covid-19. A pesar de ello, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo y Huenchullán recuperó su libertad esa misma tarde.
En conversación con Radio Bío Bío, Karina Riquelme, abogada del werkén, señaló que “la Fiscalía y el Ministerio del Interior, en lo que ha sido una constante de persecución en contra de mi representado, intentaron detenerlo mientras lo daban de alta de covid-19 después de dos semanas, ni siquiera siguiendo los criterios de las políticas de salud del propio Gobierno”,
“La institucionalidad no se puede prestar para llenar un hospital de tanquetas y de funcionarios policiales para detener a una persona que está saliendo de haber sobrevivido al covid”, agregó.
La Fiscalía decidió detener a Huenchullán a su salida del hospital para evitar una posible fuga, ya que mantenía una orden en su contra. Riquelme asegura que su representado no se había presentado ante las autoridades porque desconfía de la institucionalidad.
“Mi representado fue acusado falsamente en Huracán, se levantaron pruebas respecto a aquello. Eso paso en 2017 y hasta hoy no existe un juicio contra las policías. Entonces, tampoco la sociedad puede pedir que mi representado confíe en la institucionalidad chilena, porque la criminalización ha existido y existe en Wallmapu”, afirmó.
Asimismo, añadió que “nosotros pensábamos que con este nuevo fiscal regional, la criminalización y la falta de objetividad de la Fiscalía respecto a la persecución de dirigentes sociales y de comunidades en resistencia iba a cambiar (…), pero la Fiscalía sigue siendo parte de la institucionalidad que promueve la violencia en La Araucanía”
Tras un allanamiento a la vivienda del comunero, concretado el 7 de enero de este año, se encontraron 500 plantas de cannabis sativa, droga procesada, un revólver calibre 22, municiones y dinero en efectivo.
Sobre este procedimiento, la abogada indica que “no existen pruebas que hayan 500 plantas de marihuana, lo que hay es una supuesta incautación o un supuesto invernadero con plantas de marihuana, pero 500 plantas no (…) No estamos hablando de cocaína, no estamos hablando de pasta base. Estamos hablando de una planta”.
“En los antecedentes que se me entregan no existe pruebas del conteo de esas plantas, lo que hay son fotos de invernaderos. Tengo todo el derecho de desconfiar de los informes policiales”, agrega.
Finalmente, sobre una presunta infracción a la Ley de Control de Armas, asevera que “el día en que lo detienen en el hospital, el fiscal me dice que lo van a formalizar por un arma. Yo le digo ‘¿cuál arma?, si en todos los antecedentes que usted me entregó a tiempo no hay ningún arma"”.