El presidente Sebastián Piñera declaró ante el Ministerio Público el pasado 19 de julio, en el marco de la causa que investiga posibles delitos de violaciones a los derechos humanos durante el denominado estallido social en octubre de 2019.

Piñera entregó una declaración de 11 carillas, donde declara que renuncia a su “derecho a guardar silencio” y asegura que las autoridades nunca previeron lo que ocurriría desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.

Según consigna diario La Tercera, el mandatario indicó que decretó estado de emergencia a causa de diferentes hechos de violencia, por lo que sus principales preocupaciones era resguardar el orden público y el respeto a los derechos humanos.

“Cuando ocurren los hechos del 18 de octubre y conocemos una violencia inusitada en las calles, que provoca la superación de las fuerzas de orden público, tomo la decisión de adoptar el estado de emergencia constitucional. Desde ese mismo momento, mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos”, sostuvo.

Respecto a la declaración de “estamos en guerra contra un enemigo poderoso” realizada el 20 de octubre de 2019, aseguró que no fue conversada con otras personas o con algún equipo comunicacional o político.

“Nunca se acordó expresar esa frase en ningún comité comunicacional o político del gobierno. Es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia. Suelo decir que estamos en guerra contra el Covid, contra el narcotráfico, contra la pobreza, procurando así identificar males que hay que combatir”, esgrimió.

“Yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes. De hecho, en esa misma declaración hago un reconocimiento y valoración del derecho de la manifestación pacífica de los ciudadanos”, añadió.

Además, indicó que las autoridades de gobierno, principalmente él y el ministro de Interior, no interfieren en la planificación de los operativos de Carabineros.

“Teníamos muy claro que la subordinación de las Fuerzas de Orden Público y Seguridad (FOS) no incluía la parte operativa. Es una dependencia en los aspectos administrativos y de objetivos. Por tanto, la forma en que se desplegaban las FOS eran decisiones operativas que correspondían a las policías y no al Gobierno”, agregó.

Otro punto que aclaró, fue que el dato sobre una supuesta intervención extranjera en las manifestaciones, le fue dada por el exministro de Defensa, Alberto, Espina.

“Habían antecedentes (..)donde se daba cuenta que habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en hechos de violencia. Yo le pedí que esos antecedentes los pusiera en poder de la fiscalía”, comentó.