Un nuevo capítulo sumó la pelea que mantiene la PDI con la Mutualidad de Carabineros (Mutucar), en un conflicto que tiene a la policía civil intentando cortar vínculos que tenía con el cuestionada organismo que ya arrastra una sanción por parte de la CMF, en medio de sospechas de corrupción.
Denuncias ante la Justicia y filtraciones de información, han marcado la conflictiva relación que se generó entre la PDI y Carabineros a raíz de la Mutucar, entidad independiente que está en la mira de la Justicia por irregularidades financieras.
En abril de 2018, un reportaje de Informe Especial reveló millonarios sobresueldos para altas autoridades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.
Se trataba de ingresos irregulares entregados como asignaciones durante años -de manera paralela a sus remuneraciones- por ser parte de directorios y consejos de las mutualidades, entidades donde los uniformados y la policía están obligadas a contratar seguros.
Para colmo, un informe de Contraloría General de la República estimó que unos $23.500 millones correspondientes a excedentes de la Mutualidad de Carabineros (Mutucar), entre 2005 y 2016, no fueron ingresados por la Dirección de Bienestar de Carabineros (Dibicar) a sus arcas para formar parte del patrimonio de afectación fiscal.
En medio de las sospechas de corrupción, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspendió a la entidad, debido a que no entregó información financiera desde 2018.
En otras palabras, no cumplió con la normativa que busca regular y principalmente saber el destino de los dineros que recaudan de los miles de funcionarios policiales a lo largo del país.
¿Qué es la Mutucar?
En términos sencillos, la Mutualidad es una corporación sin fines de lucro que funciona como una aseguradora que entregaba préstamos a funcionarios de Carabineros y de la PDI, a lo que se sumaba la venta de seguros.
La entidad, sin embargo, tiene una personalidad jurídica propia y no opera dentro de la institución policial. Por lo mismo, su información no puede ser requerida bajo la Ley de Transparencia, sino que a partir de la CMF, que es el organismo público que la regula.
De acuerdo a los últimos informes financieros disponibles, de hace cuatro años, la Mutucar generó utilidades por 28 mil millones de pesos, dineros cuyo destino son una incógnita, lo que finalmente detonó en la drástica decisión de la CMF.
Entre quienes han sido presidente del directorio, se cuentan a los generales (r) Hermes Soto Isla, Manuel Valdés Pinochet y Eduardo Gordon Valcarcel. Y entre los directores, en tanto, aparecen nombres como el de Mario Rozas Córdova, Bruno Villalobos Krumm y Gustavo Gónzalez Jure.
Algunos -Valdés, Gordon y González- han sido investigados por el Ministerio Público por delitos de corrupción. Aunque, en el caso de Valdés Pinochet, además es indagado por el fiscal regional de Punta Arenas, precisamente por su presunta participación en lavado de activos en la Mutucar.
Pero también, entre sus consejeros aparece el ex Director General de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza Valenzuela, quien tras verse involucrado en el escándalo, lideró una ofensiva judicial denunciando posibles irregularidades, tanto a Fiscalía, como la Comisión para el Mercado Financiero.
La ofensiva de la PDI
Según fuentes de BioBioChile, esta jugada no le habría salido gratis a Espinoza, quien sufrió la filtración de una investigación que sustancia en su contra el fiscal regional de Punta Arenas, Eugenio Campos, por el presunto delito de lavado de dinero.
Aunque el exdirector de la PDI explícitamente apuntó a Campos del hecho, versiones apuntan a la operación fue una pasada de cuentas orquestada por Carabineros, quienes no perdonan a la policía civil además la exposición pública que hicieron de Claudio Crespo, el ex teniente coronel acusado de ser quien disparó en contra de Gustavo Gatica.
Tras la denuncia, desde la PDI solicitaron a Contraloría un pronunciamiento para que su personal dejara de pertenecer a la Mutualidad mientras no exista claridad en los manejos de dinero. Pero, el ente contralor dictaminó que debían permanecer para efecto de los seguros de vida.
La ofensiva de la policía civil no se quedó ahí, sino que sumaron dos querellas, una que se interpuso en diciembre de 2018 y otra en mayo de 2019, en medio de un conflicto que se generó por un cuestionado cambio en los estatutos internos, polémica que salpicó a la notario Elena Torres, quien hizo de ministro de fe en el proceso.
La circular
A casi tres años de que se inició el conflicto, el pasado lunes una circular institucional comenzó a ser distribuida entre los funcionarios de la PDI, dando cuenta finalmente de que la Mutucar informó de forma oficial la suspensión de sus servicios, tras la determinación de la CMF.
Se trata de la Circular Nº 18 emitida por la Subdirección de Desarrollo de Personas, donde se informa respecto al estado de seguros contratados voluntariamente en la Mutucar.
Consultados al respecto por BioBioChile, desde la PDI informaron que el pasado 5 de julio la Mutucar informó a la policía civil la suspensión de algunos de sus servicios conforme a lo decretado por la CMF.
Esto trajo como consecuencia la no renovación automática del contrato de “Seguro Colectivo de Protección de Especies Particulares” y no la renovación de la cláusula adicional de “Seguro de Protección Familiar”, suscritos entre la institución y dicha corporación.
“En la misma fecha también se informó que se iniciaría el proceso administrativo-contable de devolución de primas descontadas al personal durante los meses de junio y julio de 2020”, indicaron.
De acuerdo a la versión de la policía civil, la última cuota o prima descontada a los funcionarios por ese concepto fue en julio de 2020, por lo tanto, a ningún funcionario se le está descontando dinero.
Asimismo, se indicó que a 12.702 funcionarios ya se les devolvieron las primas.
Consultados al respecto por la Unidad de Investigación de BioBioChile, al cierre de esta nota Carabineros no entregó una respuesta a nuestro requerimiento.