Este miércoles, la Defensoría Penal Pública (DPP) asumió la representación de gran parte de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y una de la Corte Suprema que están siendo investigados por el delito de prevaricación.
La situación nace de una querella, presentada por el abogado Fernando Leal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital, para investigar a un grupo de magistrados que, sin mediar apelación de por medio, suspendieron una decisión judicial del juez Daniel Urrutia.
Urrutia, en marzo del año pasado, ante la llegada de la covid-19 al país, determinó modificar las medidas cautelares de 13 jóvenes en prisión preventiva acusados de formar parte de la “primera línea” en manifestaciones post estallido social.
La medida fue polémica al punto que la Corte de Apelaciones de Santiago revirtió de oficio la determinación y además inició un sumario administrativo contra Urrutia.
De la Corte de Apelaciones, los indagados en calidad de imputados son Guillermo de la Barra, Miguel Vásquez, María Soledad Melo, Jéssica González, Marisol Rojas, Mireya López, Jaime Balmaceda, Alejandro Riveros, Paola Plaza, Dobra Lusic, María Rosa Kistteiner, Lilian Leyton, Jenny Book, Gloria Solis, Elsa Barrientos, Inelie Durán, Alberto Amiot, Rafael Andrade y Juan Carlos Silva Opazo. Además se suma la magistrada Adelita Revanalaes, de la Corte Suprema.
En tanto, los abogados de la Defensoría Penal Pública que asumirán la causa serán Octavio Sufán, Bárbara Antivero y Alejandra Lobos.