Tan solo ayer la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía Nacional advirtieron que parte del proyecto de ley que busca indultar a los detenidos del llamado estallido social no es claro, y ahora, la Corte Suprema se cuadró con las instituciones del sistema penal y afirmaron que no entrarán en el debate.

Cifras de la Defensoría revelaron que a la fecha, hay 38 mil causas relacionadas a delitos cometidos en medio de la crisis social, donde 3.863 tuvieron condenas y de ellas, 794 con penas privativas de libertad.

La ministra vocera del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, a nombre del pleno sostuvo que las indagaciones de la crisis social deben verse caso a caso, por lo que a priori NO se van a pronunciar.

Ahora fueron los internos condenados por casos violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar, los que piden ser incorporados en la iniciativa de los parlamentarios de oposición.

El abogado de varios de los internos, Raúl Meza, habló de igualdad ante la ley, mientras que la presidenta de la agrupación de ejecutados políticos, Alicia Lira, enfatizó que NO son presos políticos, sino que criminales.

Siguiendo en la misma línea sobre el periodo del 18 de octubre de 2019, Amnistía Internacional, llamó a que de manera “urgente”, se investiguen al actual y exgeneral director de carabineros, Ricardo Yañez y Mario Rozas, respectivamente, por las denuncias de eventuales violaciones a los derechos humanos.

Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, sostuvo que los uniformados pudieron haber evitado las vulneraciones pero NO lo hicieron.

Recordemos que la Fiscalía Regional de Valparaíso lleva la investigación contra autoridades, donde figuran tanto Yáñez como Rozas, como imputados.