Este miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que el presidente Sebastián Piñera no incumplió ninguna norma legal en el denominado EnjoyGate.
“La Contraloría descartó la existencia de conflictos de interés y cualquier irregularidad en la constitución y ejecución de sus fideicomisos ciegos”, afirmaron desde Presidencia.
Cabe recordar que en enero, el jefe de Estado firmó un decreto que postergaba hasta por seis meses el plazo que la Superintendencia de Casinos le había dado a los concesionarios para cumplir con los compromisos adquiridos al adjudicarse licitaciones en 2018.
La polémica se originó luego que casinos Enjoy fueran los únicos beneficiados, ya que en 2018 se adjudicaron cuatro licitaciones para locales municipales y tenían hasta el 30 de enero para responder por las boletas de garantía por más de 100 millones de dólares.
En marzo pasado, la CGR ofició a la Comisión de Mercado Financiero, a BTG Pactual, Moneda Asset y Altis, para solicitarles información relativa a los fideicomisos ciegos que tiene Piñera en el marco de la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención del los Conflictos de Intereses.
“Es la mejor manera de aclarar las dudas, desmentir las falsas informaciones y ratificar el pleno y permanente cumplimiento por parte del Presidente de la Ley 20.880”, expresó en ese entonces el Gobierno a través de un comunicado.
Después del reciente anuncio de Contraloría, desde Presidencia sostuvieron que “este dictamen es coherente con su principio de actuación permanente del Presidente de la República de probidad, transparencia y pleno apego a las leyes en sus actuaciones”.
Comisión investigadora de la Cámara de Diputados
Cabe señalar que el tema supuso la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, quienes realizaron un informe sobre el decreto que benefició a casinos Enjoy.
El presidente de la instancia, Rodrigo González (PPD), señaló en su momento que desde Enjoy les dijeron “mira, nosotros estamos quebrando ahora porque el estallido social generó un gran daño en la actividad de los casinos, pero además después vino la pandemia y tuvimos que paralizar por el decreto de zona de catástrofe o zonas de emergencia y entonces se paralizaron las entradas de los casinos”.
Sobre lo mismo, indicó que “la investigación dio a luz, pero con una claridad meridiana, que no tenía ninguna relación la quiebra de Enjoy con la pandemia ni con el estallido social, porque eso provenía por lo menos dos años antes, donde la Superintendencia de Casinos no había investigado suficientemente o no había querido investigar —lo que es altamente probable— la situación en que estaba la empresa para haberle entregado en el año 2018 la concesión de los cuatro o los cinco casinos municipales y posteriormente haberle autorizado la compra de dos casinos: uno en Los Ángeles, otro en San Antonio”
“De ahí surgen una serie de antecedentes que son los que hemos denunciado. La total falta de cumplimiento de sus deberes y de control de los intereses públicos por parte de la Superintendencia de Casinos”, agregó.
A través de un comunicado, Enjoy desestimó los resultados de la comisión investigadora, asegurando que no los dejaron participar de la instancia, por lo que califican el informe como “un documento absolutamente sesgado, que da cuenta de una grave transgresión a los deberes de objetividad, transparencia, debido proceso y seriedad”.
Finalmente, y a propósito de las conclusiones de la referida comisión investigadora, la Contraloría resolvió iniciar una auditoría en la Superintendencia de Casinos y Juegos, según se lee en el mismo documento en que se descartó el conflicto de interés del Mandatario.