Momentos de tensión se vivieron este miércoles al interior del ex Congreso Nacional, luego que los constituyentes debieran votar sobre si estaban de acuerdo con ampliar el número de integrantes de la mesa directiva.

Finalmente, esta instancia estará compuesta por nueve personas, dos de las cuales deben ser representantes de pueblos originarios.

La polémica se originó en torno al sistema de votación, que terminó siendo a mano alzada. Constituyentes de diversos sectores acusaron que el proceso fue poco claro y que las preguntas de la mesa no estaban bien formuladas. Incluso, voces de la lista Vamos por Chile señalaron que recurrirían a la Corte Suprema.

Para calmar los ánimos, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, comenzó la sesión de hoy reconociendo equivocaciones en el sistema empleado ayer y advirtiendo que son un poder que recién se está constituyendo.

“Estamos, como hemos dicho, en un proceso de construcción lento y difícil. Hemos cometido errores, somos conscientes de ello y estamos haciendo todo lo posible para poder generar condiciones que nos permitan participar de la deliberación y la votación de la mejor forma posible”, dijo.

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En la misma línea, el abogado expresó que “somos conscientes de que no tenemos reglas y que las necesitamos (…) Mientras no tengamos ese trabajo, vamos a estar permanentemente ensayando, acertando y errando”.

“Ayer se cometieron varios errores y vamos a tratar de subsanarlos con la metodología que está diseñada para el trabajo de hoy. Se trata de una metodología provisoria, que va a ser entregada a la comisión de Reglamento para que la revise y que mientras tantos vamos a implementar entre todos desde la mesa, para que podamos tener reglas”, agregó.

Bassa sostuvo que estas normas serán previamente informadas al pleno de la Convención para que “cualquier minoría pueda hacerlas exigibles a la mesa y pueda hacer ver eventuales errores o desvíos de la metodología que estamos proponiendo”.

Cabe recordar que hoy será discutida una posible declaración del órgano constituyente en relación a los presos del denominado estallido social.