El exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, presentó una denuncia criminal en la Fiscalía Centro, a raíz de la filtración de una investigación que sustancia en su contra el fiscal regional de Punta Arenas, Eugenio Campos, por el presunto delito de lavado de dinero.
De acuerdo a los antecedentes recabados por este medio, el caso quedó a cargo del persecutor de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Jaime Retamal, quien dictó las primeras diligencias para -eventualmente- acreditar el hecho. La Ley de Lavado de Activos prohíbe la revelación de este tipo de causas cuando se hallan en plena tramitación. Espinosa es representado por el abogado favorito de La Moneda, Luis Hermosilla.
Si bien Espinosa no imputa delito a nadie en particular, en una reciente entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, responsabilizó a Campos del hecho.
“Es extraño que una investigación delicada, de un fiscal que se supone es un fiscal responsable, la esté filtrando a la prensa. Y sé que va a decir que no fue, pero él es el responsable de la investigación. Qué quiere que le diga”, indicó en su oportunidad.
La indagatoria está a cargo del OS7 de Carabineros y surgió a raíz de un informe enviado al Ministerio Público por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a Campos. Básicamente, el documento fue elaborado con la presentación de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que realizó una entidad de la banca a raíz que Espinoza adquirió una millonaria propiedad que superaría los 400 millones.
En el entorno del exjefe policial se indica -además de su indignación- que los dineros se encuentran totalmente justificados con la venta de una propiedad anterior, como también el aporte de activos de su esposa, quien labora en el Estado con grado profesional. A lo anterior, suma un crédito hipotecario para la adquisición en calidad de fiador de su cónyuge, se explicó.
Según informó Ciper Chile, Espinosa no habría incluido el bien raíz en su declaración de intereses que las Personas Políticamente Expuestas (PPE) y los jefes de cualquier institución o servicio deben publicar en la página web de su trabajo.
Junto a esta indagatoria Campos sustancia otra por el mismo ilícito, pero en contra de los directivos de la Mutualidad de Carabineros, que llegó a sus manos a raíz de una denuncia hecha por el propio Espinosa.
Este último formó parte del directorio de Mutucar por derecho propio, recibió remuneraciones por ello, pero la Contraloría estimó que la situación contravenía la ley que rige a los funcionarios públicos. Quienes accedieron a esa dieta, de acuerdo al criterio del organismo fiscalizador, deberán devolverla a las arcas fiscales.
Campos suma también el multimillonario fraude al fisco y blanqueo de capitales ocurrido en Carabineros, conocido como el “pacogate” que supera los 30 mil millones.