La bancada del Partido Socialista y el Frente Amplio se encuentran estudiando una potencial acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Lo anterior, se da en el contexto de lo que señalan ha sido una política fallida en el ámbito ministerial del retorno a clases de los estudiantes en pandemia.

Esto, considerando que ahora existe la amenaza de la denominada variante Delta del covid-19, con las consecuencias sanitarias que ello podría conllevar.

Asimismo, desde el PS buscaron apoyo en las otras bancadas de la oposición, quienes se fueron enterando con el correr de las horas de la intención del partido.

El diputado socialista, Juan Santana, indicó que “nos parece que este llamado permanente a exponer la seguridad y la salud de las comunidades escolares, generando un retorno en condiciones que a todas luces no es seguro, resulta una tremenda irresponsabilidad por parte de un ministro de Educación que -desde nuestro punto de vista- está infringiendo una de sus principales responsabilidades, que no es otra que resguardar la integridad física y psíquica de las personas”.

“Creemos que las educación pública y las comunidades escolares de nuestro país no se merecen un ministro como Raúl Figueroa, que ha estado exponiendo permanentemente la seguridad y la salud de los integrantes de las diferentes escuelas, liceos y jardines infantiles públicos de nuestro país”.

Por su parte, la diputada de Comunes, Camila rojas, acotó que ““nosotros no estamos estudiando presentar una acusación, nosotras vamos a presentar una acusación constitucional, ya tenemos redactado un texto para ello, esto se concretará durante la próxima semana”.

A ello, añadió que “existe un abandono evidente por parte del Gobierno y del ministro de Educación”, aseverando además que “las profesoras y profesores han visto desdibujadas sus jornadas laborales y no existe una regulación para el trabajo docente en contexto de emergencia sanitaria”.

La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, manifestó que “esa falta de apoyo económico ha afectado seriamente el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, además de complicar más la situación de trabajadores y trabajadoras de la educación”.

“Esto, de la mano con la presión indebida por el retorno a clases presenciales viene a configurar un escenario para una Acusación Constitucional”, sentenció.

A finales de mayo, el Colegio de Profesores había solicitado formalmente a la Comisión de Educación que se le acusara constitucionalmente al ministro Figueroa por este mismo tema.

Incluso, el secretario de Estado se refirió -a principio de mes- a ello, señalando que era ridículo que se le acusara constitucionalmente por querer el retorno a clases.