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El expolicía sirvió como testaferro o palo blanco de la organización criminal montada en la institución verde oliva. Facilitó sus cuentas bancarias para desviar fondos y recibir transferencias injustificadas desde la cuenta corriente de Carabineros de Chile denominada Fondo Desahucio, por montos malversados de, al menos, $588.502.418.
El 24° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado en contra del exteniente coronel Mauricio Saldaña Vidal y le ordenó devolver parte de los más de 530 millones de pesos malversados en el caso denominado Pacogate.
En la sentencia, la magistrada Patricia Ortiz von Nordenflycht acogió la demanda tras considerar que en sede penal se probó el daño patrimonial que causó el exoficial a las arcas fiscales, condenado en procedimiento abreviado por malversación de caudales públicos y coautor del delito de lavado de activos, ílicitos perpetrados entre el 17 de julio de 2014 y el 24 de noviembre de 2015.
Fue en agosto de 2019 cuando la procuradora fiscal del cde, Ruth Israel López, dedujo la acción legal de indemnización de perjuicios en contra del excarabinero pidiendo la restitución de los dineros.
En su escrito alegó que entre los años 2006 y 2007, los funcionarios públicos adscritos a distintos estamentos y departamentos de Carabineros de Chile, a quienes correspondía, entre otras obligaciones, la custodia de caudales públicos de esa institución, “formaron una organización criminal para sustraerlos o consentir que otros terceros imputados los sustrajeran, aprovechándose de sus conocimientos y cargos, habiendo intervenido en tales hechos, también, civiles imputados, quienes facilitaron los medios para concretar la sustracción por una suma total, a la fecha de demanda, de $28.348.928.198″.
Lea el fallo
Según el procedimiento en su contra, el teniente coronel de ese entonces suministró medios e instrumentos, “luego de ser reclutado por diferentes miembros de la organización criminal, poniendo sus productos bancarios personales a disposición de tales miembros para llevar a cabo actos de sustracción de caudales públicos desde sus cuentas institucionales de Carabineros de Chile”.
En simple, facilitó sus cuentas corrientes de los bancos BBVA Y BCI en al menos diez ocasiones entre el 17 de julio de 2014 y el 24 de noviembre de 2015, para referir transferencias injustificadas desde la cuenta de la policía verde oliva, denominada “Fondo Desahucio” por más de 588 millones de pesos malversados que ahora deberá devolver.
La acción legal apuntaba a que el demandado operó como testaferro del imputado Robinson Carvajal Leiva, de quien siguió instrucciones para que hiciera retiros parciales, quedándose con una comisión, con el objetivo de ponerlos a disposición de otros miembros de la organización.
Así las cosas, la ministra Ortiz estableció que el demandado es responsable de los daños que se hayan provocado con la comisión de los delitos por él cometidos, “cuya responsabilidad es solidaria respecto de las demás personas que hayan participado en dicho delito, de lo cual, emana su obligación de cubrir el total de los perjuicios”.
“Que como ya ha quedado asentado en sede penal, la participación delictual del demandado, permitió la malversación de fondos del Estado, por un total acreditado, de a lo menos, $588.502.418, resultando evidente que si este no hubiera facilitado su cuenta corriente y no hubiera participado en la entrega de dineros, a otros miembros de la organización criminal que participó en el fraude a Carabineros de Chile, no se hubiera producido el perjuicio por esa suma, al Fisco de Chile”, consigna la resolución.
Por tanto, “se acoge la demanda de indemnización de perjuicios (…) condenándose al demandado a pagar la suma única y total de $530.435.000, más reajustes e intereses“, cierra la decisión del tribunal civil, instancia que también condenó en costas al exuniformado.
