Para mañana jueves, a las 09:00 horas, está programada la declaración de Marco Enríquez-Ominami ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en el juicio por presunta infracción electoral que lleva adelante el Ministerio Público.
Esto, luego que el excandidato presidencial renunciara a su derecho a guardar silencio para exponer ante los persecutores su versión de los hechos en el denominado Caso OAS.
Según la acusación de la Fiscalía Centro Norte, el ex legislador habría rendido más dinero del que realmente utilizó para su campaña presidencial del 2013, recibiendo un reembolso mayor al que le correspondía de parte del Servicio Electoral. Es decir, fraude de subvenciones.
El testimonio de Enríquez-Ominami se llevará a cabo de forma remota y no de manera presencial, como buscaba su defensa. Cabe mencionar que el tribunal rechazó su solicitud de postergar el juicio hasta que pudiera retomarse de manera semipresencial, donde aludía a la falta de garantías constitucionales que representa el proceso vía online.
Además, en la instancia de hoy, se conocieron los alegatos de apertura de la defensa, que apuntaron a la inconsistencia de la acusación y a la responsabilidad que le cabría al administrador electoral en caso de existir irregularidades en la rendición de gastos ante el Servel, recalcando que, respecto de la campaña presidencial de 2013, ésta fue aprobada por el organismo electoral al acreditarse la existencia de los trabajos y los contratos que los respaldan.
“Al fin estamos acá, ante ustedes, ante un órgano imparcial, para solicitar la absolución de mi representado Marco Enríquez-Ominami”, afirmó al inicio de sus alegatos el abogado Carlos Mora, aludiendo a los casi siete años que lleva el proceso en curso.
“Cuando una persona es objeto de persecución durante tantos años, teniendo la certeza de que es inocente, entiendo cómo sus proyectos tanto familiares como profesionales se estancan”, agregó el defensor, mencionando que en la vida familiar de su representado “se vive en constante preocupación y estrés”.
“Es muy difícil poder sobrellevar una vida normal, he sido testigo de ver a una persona, a mi representado, con impotencia, frustración, sentimiento de persecución desigual ante el Ministerio Público, y hoy comienza el fin de esta pesadilla, hoy comienza el esperado juicio oral, y sin perjuicio del resultado de éste, lo vivido por mi representado en estos últimos 6 años ha sido una condena”, recalcó Mora.
En la misma línea, argumentó que “primero, porque este caso es conocido como el famoso caso del avión respecto del cual se rendirá profusa prueba, pero que -de acuerdo a los dichos de la propia fiscal- no tiene condición delictiva. Gran parte de la prueba de este juicio sobre fraude de subvenciones, versará sobre un avión que no tiene condición delictiva porque no fue rendido y si no es rendido, no tuvo subvención, por lo tanto, este es un avión que sobrevolará este juicio en área restringida”.
“La segunda razón es, porque de acuerdo al artículo 30 y 31 de la ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral, la responsabilidad sobre el control del ingreso y gastos electorales recae en el administrador electoral. La única posibilidad para que la responsabilidad recaiga en mí representado o en el candidato en este caso, es cuando él no designara a un administrador electoral, lo que -de la sola lectura de la acusación- podemos apreciar de que no fue así”, agregó Mora.
En este punto, enfatizó que “en todas las campañas presidenciales investigadas hasta la fecha por la fiscalía de alta complejidad, se investigó al administrador electoral”.
“Por ejemplo, no se investigó a la presidenta (Michelle) Bachelet, se investigó a su administrador electoral. El Ministerio Público de la zona oriente no investigó, no formalizó ni acusó al presidente (Sebastián) Piñera, sino que se investigó a su administrador electoral. Mi representado es el único candidato en la historia de Chile directamente investigado en circunstancias que la responsabilidad no recae en el en candidato”, señaló al respecto.
En este sentido, aclaró que “con lo dicho, no digo que el administrador electoral tenga responsabilidad de nada en los hechos que se encuentran acusados, solo señalo que es imposible condenar a una persona por hechos que no son de su responsabilidad conforme a la ley”.
“Los candidatos hacen campaña, los administradores administran, los jefes de campañas, gestionan, eso está en la ley”, reiteró Mora, mencionando que “en este caso, no fue formalizado el administrador electoral que tenía bajo su responsabilidad el control de los ingresos y gastos electorales y que –además- presentó la documentación cuestionada por la fiscal. Y lo que es más incomprensible, ni siquiera está citado por el Ministerio Público a este juicio como testigo”.
Durante sus alegatos, el abogado también aseguró que “este caso es inédito porque cuando el Servel fiscaliza la rendición de la cuenta del año 2013, y luego de pedir –incluso- aclaraciones, aprueba el gasto electoral de la candidatura presidencial. Y la razón fue muy sencilla, se acreditó la existencia de los trabajos y los contratos que lo respaldan”.
“Solamente por la denuncia de un grupo de políticos antagónicos a mi representado, se inicia esta causa. Esperamos que se presenten a este juicio para que nos expliquen el motivo y las motivaciones para esta denuncia”, concluyó.