Según se desprende del llamado índice CCC (Capacidad para Combatir la Corrupción) 2021, presentado en Londres, la lucha contra la corrupción en América Latina experimentó una nueva ola de retrasos el pasado año a consecuencia de la pandemia global de coronavirus.
La Americas Society /Council of the Américas (AS/COA) y Control Risks, la empresa de consultoría especializada en riesgos globales, lanzaron, por tercer año consecutivo, este ranking que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción.
La clasificación cubre 15 países de América Latina -que representan casi el 95% del PIB de la región- y los evalúa y clasifica según la eficacia con la que pueden luchar contra la corrupción, con lo que aquellos con mayor puntuación se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.
El ranking es encabezado por Uruguay, seguido de Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, la República Dominicana, México, Paraguay, Guatemala, Bolivia y, en último lugar, Venezuela.
En un comunicado, el vicepresidente de política de la citada Americas Society /Council of the Américas y Control Risks, Brian Winger, destacó que ese ranking revela que “los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca”.
“América Latina ha estado entre las regiones más afectadas por la pandemia”, opinó este responsable, al tiempo que señaló que “con los gobiernos bajo una creciente presión financiera y los sistemas de salud en muchos países gravemente afectados, los efectos perniciosos de la corrupción en la sociedad se amplifican”.
El índice detecta que 5 de los 15 países evaluados registraron disminuciones significativas en sus puntuaciones; 7 se quedaron sin cambios y tres aumentaron de manera notable; y encuentra que los dos países y economías más grandes de América Latina, Brasil y México, sufrieron algunas de las caídas más bruscas.
Brasil -que cayó del cuarto al sexto puesto-, registró una bajada del 11% en la categoría de democracia e instituciones políticas, donde el estado de relaciones ejecutivo-legislativo fue un factor clave, según este informe.
En cuanto a México, su puntuación cayó un 7% en 2021 -del octavo al undécimo lugar- y, en este caso, pesaron variables como las que miden la independencia de la fiscalía general y de las agencias anticorrupción.
Uruguay, Chile y Costa Rica reflejaron estabilidad en esta edición por la calidad de la democracia y la fortaleza de sus instituciones políticas, al igual que en Perú, pese a la turbulencia política de finales de 2020 en este último país.