La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar $40 millones a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de la mina San José, en agosto de 2010.

En su fallo, el tribunal de alzada señaló que “los órganos del Estado han faltado a su deber de protección, actuando de manera negligente en el cumplimiento de sus funciones, lo que lleva a estos sentenciadores a concluir que es el Fisco de Chile, el que debe responder por la falta de servicio alegada y acreditada, por lo que el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por él, será mantenido”.

“Si los órganos de la administración del Estado hubieran cumplido con su obligación legal de la forma en que fue previsto (como ha sido observado y concluido en la investigaciones realizadas como consecuencia del accidente de autos), en atención a la actividad de riesgo realizada por la empresa minera y la falta de condiciones de seguridad evidentes desde años antes del accidente, los 33 trabajadores no hubiesen terminado enterrados vivos en dicho yacimiento”, agrega.

La Corte señaló que la mina San José contaba con todas las autorizaciones que le exige la ley para funcionar, a pesar de incumplir de manera reiterada y crónica con las exigencias básicas, constatado todo por los diversos entes estatales.

Por otra parte, sostiene que “al quedar atrapados, no existiendo condiciones de seguridad o resguardo frente a situaciones como la sufrida, no pudieron ser rescatados en un tiempo inmediato, manteniéndose bajo tierra por un tiempo prolongado, provocándoseles a los trabajadores los daños sicológicos acreditados en el proceso”.

Finalmente, el tribunal respaldó la decisión por el “daño moral” generado en las víctimas, entendiendo éste como “los dolores y turbaciones psíquicas que derivan del menoscabo padecido”.